Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, como parte de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, luego de que las autoridades lo identificaron como parte de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, de acuerdo con las investigaciones, el sujeto estaría relacionado con una ingeniería financiera creada por García Luna, compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un esquema de empresas fachada controladas por una organización criminal para lavar ganancias ilícitas.
Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) refieren que el entramado estaba compuesto por cuatro grupos de servidores públicos, personas físicas y morales que usaban empresas fachada para suscribir contratos simulados, obteniendo recursos ilícitos mediante supuestas prestaciones de servicios sin materialidad real. Una vez recibidos los fondos públicos, la organización habría activado un esquema de empresas fachada para canalizar las ganancias.
Reportes periodísticos señalan a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez como exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en un caso que involucra a 61 exservidores públicos y a Genaro García Luna. Dentro de esos funcionarios, a quienes se les emitieron órdenes de aprehensión desde diciembre de 2025, se encuentra Jesús Gabriel Pérez, quien habría participado en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont. Los recursos, destinados originalmente a los penales federales del país, habrían sido canalizados a través de contratos sin respaldo real durante la administración de Enrique Peña Nieto.
En la misma investigación figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.
Pérez Rodríguez había sido detenido en diciembre de 2025, aunque el proceso sufrió una interrupción. Tras acciones legales interpuestas por el hoy imputado, se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF) cumplió posteriormente con el procedimiento y aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso. El juez resolvió otorgarle prisión preventiva justificada y un plazo de un mes para la investigación complementaria.
Víctor Manuel Álvarez Puga fue capturado el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras permanecer cuatro años bajo la mira de las autoridades. El empresario permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, mientras se define su situación legal. La persecución contra Álvarez Puga comenzó luego de que la FGR obtuviera órdenes de aprehensión en su contra y activara una ficha roja de Interpol para su localización internacional. Las autoridades mexicanas lo vinculan con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusándolo de operar una red de empresas fantasma que habría desviado alrededor de 3 mil millones de pesos del erario federal mediante contratos simulados.
Fue el 19 de mayo de 2026 cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, reveló que el gobierno de México solicitó la extradición de Víctor Álvarez Puga, pero las autoridades de Estados Unidos la negaron por no tratarse de un delito violento. Hasta el momento se desconoce el proceso de Álvarez Puga en los Estados Unidos, luego de que medios estadounidenses afirmaron que solicitó asilo político por presunta persecución en su contra en México. El paradero de Inés Gómez Mont sigue sin conocerse pese a la ficha roja emitida por la Interpol desde 2021.