Un abogado querellante afirmó que la decisión del juez Martínez de Giorgi de apartar a las querellas de la causa Libra tiene implicancias políticas y judiciales, y que la investigación penal continúa abierta.
En una entrevista, un abogado querellante del caso Libra analizó la decisión del juez federal Martínez de Giorgi de apartar a las querellas del expediente. El letrado sostuvo que la medida tiene una lectura política y otra jurídica.
Según el abogado, la lectura política indica que el fallo se alinea con lo que pretende el Poder Ejecutivo. Mencionó que antes de asumir como viceministro de Justicia, Santiago Viola realizó gestiones para convencer a los damnificados de desistir de la acción penal en Argentina. También señaló que el abogado Fernando Burlando efectuó movimientos en ese sentido antes de conocerse la resolución. Además, indicó que poco antes de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las querellas, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para designar jueza nacional a su esposa.
El querellante explicó que los querellantes son víctimas reconocidas por distintas instancias judiciales. Afirmó que la causa pasó por cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas que acreditaron documentalmente su condición de damnificados. Apartarlos, dijo, significa quitarles participación en una investigación donde fueron reconocidos como víctimas. A su juicio, es el primer paso para pavimentar la impunidad del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y del resto de las personas involucradas.
Entre los involucrados, mencionó al presidente, a Karina Milei, al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy y a Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense que participó del lanzamiento de las criptomonedas Trump y Melania junto al entorno de Donald Trump.
El abogado diferenció el caso Libra de los lanzamientos de Trump y Melania, señalando que Donald Trump era candidato cuando impulsó esos proyectos, mientras que Javier Milei ya era presidente en ejercicio cuando promocionó Libra.
Afirmó que la causa penal continúa abierta. Lo resuelto es apartar a las querellas, decisión que será apelada ante la Cámara Federal y, si es necesario, llegará hasta Casación, la Corte Suprema e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El letrado sostuvo que hay hechos objetivos que vinculan al presidente con el episodio. Indicó que Milei dijo que encontró el contrato de Libra navegando por Internet, lo cual consideró falso. Señaló que nadie tenía los 44 caracteres alfanuméricos del contrato y que el presidente fue la única persona en el mundo que los publicó siendo presidente. También afirmó que Milei sostuvo que no había argentinos perjudicados, pero la plataforma Ripio informó que hubo más de 1.850 damnificados argentinos.
Según el abogado, miles de personas invirtieron porque confiaron en la palabra del presidente. Dijo que la máxima autoridad del Estado validó un negocio privado que generó ganancias por más de 300 millones de dólares para un grupo reducido y pérdidas para unas 85.000 personas distribuidas en distintos continentes.
Además de la causa penal en Argentina, mencionó una demanda civil en Nueva York impulsada por unos 75.000 damnificados. Allí se reclama la devolución del dinero a quienes financiaron el token Libra. Indicó que Hayden Mark Davis intenta que ese expediente pase del distrito de Nueva York al de Texas.
Finalmente, el abogado comentó que escribió el libro Historia de una trampa mientras la investigación se desarrollaba en tiempo real. Lo empezó cuando estalló el caso, lo terminó a fines del año pasado y se publicó en marzo. Su intención fue reconstruir paso a paso cómo se gestó la presunta estafa y quiénes participaron. Consideró que es una causa que todavía le traerá problemas judiciales y políticos al presidente.