El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por contrabando en grado de tentativa, tras ser detenido en diciembre de 2024 con más de 200 mil dólares no declarados.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso tras hallarlo culpable del delito de contrabando en grado de tentativa. La misma suerte corrió su secretaria, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y 10 meses por el mismo ilícito, con la obligación de que ambos continúen bajo arresto domiciliario, medida que cumplen desde su detención.
El hecho se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron cruzar el Puente Internacional de la Amistad para ingresar al territorio paraguayo. Durante un control migratorio de rutina, las autoridades detectaron que la pareja trasladaba en su camioneta una suma total de 211.102 dólares, además de 646.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos, todo ello sin la correspondiente declaración ante el fisco.
La defensa solicitó la absolución bajo el argumento de que no existió intención de cometer un ilícito, alegando un supuesto «error de criterio» de la fiscalía. El tribunal desestimó los planteos y validó la acusación, aunque aplicó penas ligeramente inferiores a los dos años y dos meses solicitados originalmente por el Ministerio Público.
El fallo por contrabando es solo una parte de la situación procesal de Kueider en Paraguay. A mediados de junio de 2026, el exsenador y su secretaria fueron imputados por presunto lavado de dinero, lo que profundiza la investigación sobre sus actividades financieras en el país vecino.
La fiscalía paraguaya sostiene que los acusados intentaron adquirir seis departamentos y seis cocheras en un edificio de Asunción, por un valor total de 480.000 dólares. Según la investigación, la compra no pudo concretarse inicialmente porque los acusados no lograron justificar el origen de los fondos ante la inmobiliaria. Meses después, una empresa conformada por intermediarios paraguayos adquirió esas mismas propiedades, lo que las autoridades consideran una maniobra de triangulación para blanquear los activos.