La Cámara de Senadores debatirá este jueves un proyecto de ley que propone eliminar los topes vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa llega al recinto sin un texto definitivo cerrado y con dudas sobre los votos necesarios para su aprobación.
El proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada» será tratado este jueves en el Senado en un contexto de incertidumbre para el oficialismo, que no cuenta con el texto definitivo cerrado ni con la certeza de los votos. Según estimaciones del peronismo, 35 de los 36 senadores de ese bloque se oponen al capítulo que habilita la extranjerización de tierras rurales sin límites. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, asumió la negociación de los últimos cambios durante el debate.
La sesión comenzará a las 12 y se estima que durará aproximadamente siete horas. Es la última actividad de la Cámara alta antes del receso invernal. En el temario también figuran 29 pliegos judiciales —entre ellos el del camarista Víctor Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio y necesita la renovación aprobada antes de esa fecha— y 26 pliegos diplomáticos.
El proyecto fue redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo. Desde entonces sufrió modificaciones sucesivas sin volver a pasar por comisión. Uno de los capítulos que generaba mayor resistencia, el que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), fue eliminado.
En materia de tierras rurales, el proyecto elimina los topes vigentes del 15% por provincia y municipio y las 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo para la compra por parte de extranjeros privados. Mantiene restricciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal foránea, que necesitarán autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, con «silencio administrativo positivo» si no hay respuesta en el plazo fijado. El mismo esquema regirá para tierras en zonas de frontera.
En cuanto a desalojos, el proyecto habilita a cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble a pedir la restitución inmediata, sin esperar sentencia definitiva, si el juez considera verosímil el planteo en una evaluación preliminar. Los hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional tendrán diez días para mudarse.
Respecto al manejo del fuego, se elimina la prohibición de modificar el uso de tierras incendiadas durante 30 años, norma impulsada originalmente por Máximo Kirchner para desalentar el fuego como herramienta de valorización inmobiliaria. En materia de expropiaciones, se restringe el concepto de «utilidad pública», se obliga a indemnizar también el lucro cesante demostrado y se limitan las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días.
El capítulo de tierras rurales concentra el mayor conflicto. La ley vigente (26.737, de 2011) permite a extranjeros comprar hasta el 15% de la superficie de cada provincia y municipio; el proyecto elimina ese límite para personas y empresas privadas extranjeras. El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el cambio en conferencia de prensa: «La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución».
Según el último relevamiento del Registro de Tierras Rurales (agosto de 2025), ninguna provincia supera hoy el 15% de extranjerización. Sin embargo, más de treinta distritos ya exceden ese porcentaje, y al menos cinco superan la mitad de su territorio en manos extranjeras: San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta, General Lamadrid en La Rioja (56,70%), Lacar en Neuquén (54,17%) y Campana en Buenos Aires (50,27%).
No es la primera vez que el oficialismo intenta este cambio. Javier Milei había buscado derogar directamente la ley 26.737 mediante el DNU 70/23, pero una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas lo frenó; el caso escaló hasta la Cámara Federal de La Plata, que ratificó la cautelar, y hoy espera definición de la Corte Suprema. La vía legislativa quedó como el único camino disponible para el Gobierno.
En el plano político, la CGT y distintas organizaciones eclesiásticas se sumaron en los últimos días al rechazo del proyecto. «Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica», planteó la CGT en un comunicado que menciona explícitamente el caso del Lago Escondido y al empresario Peter Thiel. La Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigena advirtieron que la iniciativa «debilita la potestad del Estado» para proteger «el interés comunitario» frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.
Dentro del Senado, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría que mantiene los límites vigentes de la ley 26.737 e incorpora la figura de «Zonas de Interés Estratégico» para tierras en fronteras y áreas de riesgo ecológico. «No existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros», afirmó su autora, la jujeña Carolina Moisés. Desde Unión por la Patria, el senador Eduardo «Wado» de Pedro declaró a Página/12: «La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras».