La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, advirtió que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende trasladar más de $1,2 billones comprometidos para obras en La Mojana hacia la atención de la emergencia por El Niño, en una decisión que, según la entidad, carece de sustento técnico.
La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que fue directora del Dapre, advirtió que el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro estaría tras el traslado de más de $1,2 billones comprometidos para obras en la zona de La Mojana hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño. Según la entidad, la decisión carece de sustento técnico y chocaría con una destinación ya definida hasta 2029.
De acuerdo con informaciones de Semana y Noticias RCN, las alertas se encendieron el 23 de julio de 2026, cuando se expidió el Decreto 0802. En aquella jornada, la entidad envió un concepto a Presidencia, al Ministerio de Hacienda, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para advertir que el dinero relacionado con Petro no está libre.
Por el contrario, se encuentra atado a decisiones ya aprobadas en tres decretos. La objeción del fondo que preside Rodríguez no se limita al monto, pues la funcionaria sostuvo ante los entes de control que la eventual reasignación responde a “criterios de oportunidad política” y no a una evaluación técnica, jurídica, financiera o presupuestal hecha con participación de la organización responsable de esos recursos.
En sus declaraciones a RCN, Rodríguez indicó que el fondo nunca fue convocado a una mesa técnica previa para emitir concepto sobre la situación real de esos dineros. En ese orden de ideas, el Fondo Adaptación no puede modificar la destinación previa del billón mencionado por el presidente y por ello advirtió sobre posibles acciones legales contra el decreto que habilitaría el traslado presupuestal para los nuevos fines.
“(El fondo) nunca fue invitado a ninguna mesa técnica previa para que diéramos nuestro concepto técnico, jurídico, científico y presupuestal, contractual sobre la real situación del fondo”, dijo la extitular del Dapre, a cargo del Fondo Adaptación. “Nosotros no estamos de acuerdo con ese traslado en los recursos”, remató la gerente al citado medio televisivo, en respuesta a los interrogantes generados con el anuncio presidencial.
A su vez, la funcionaria recordó que el Código Penal contempla el prevaricato por acción y por omisión para los funcionarios que adopten decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o incumplan sus deberes funcionales. “Los servidores públicos no administran recursos conforme a criterios de oportunidad política, sino conforme a competencias legales previamente definidas”, se puntualizó.
Gustavo Petro habló de $1 billón disponible y Angie Rodríguez respondió que la plata ya está comprometida. En el Consejo de Ministros del 21 de julio, uno de los últimos de la administración saliente, Petro dio la instrucción de mover los recursos para atender la emergencia. “Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia. Era para la selva, no lo gastaron. Están guardados, se trasladan”, afirmó el primer mandatario, lo que causó alerta.
En respuesta a estas declaraciones, la entidad emitió un documento remitido a varias autoridades, con el que se precisó que ese billón al que aludió el presidente corresponde en realidad a recursos comprometidos para La Mojana por aproximadamente $1,2 billones, aprobados mediante tres decretos y con ejecución programada hasta 2029. Un proyecto en el que está puesta la lupa por parte de los entes de control.
De hecho, Rodríguez dejó por escrito que esos dineros “no corresponden a disponibilidades presupuestales libres, saldos ociosos, excedentes financieros ni recursos susceptibles de libre reasignación, sino a recursos públicos con destinación específica, jurídicamente comprometidos”, y fue incluso más allá. “La disponibilidad física de los recursos no equivale a disponibilidad jurídica para modificar su destinación”, dijo la funcionaria.
En sus afirmaciones, reafirmó que los recursos de La Mojana dependen de una política pública nacional construida desde hace más de 10 años y sostuvo que esa solución integral cuenta con respaldo de Conpes, Confis y soportes presupuestales; motivo por el cual no se le puede dar un uso distinto al inicialmente pactado, como pretendería Petro, a menos de dos semanas para que deba dejar su cargo como presidente.
A esto se suma que no existiría un documento técnico, jurídico, presupuestal o financiero que sustente la viabilidad de mover los recursos para esta intervención; como tampoco un análisis sobre el impacto de esa decisión en las obligaciones existentes, el patrimonio autónomo, la ejecución contractual o la continuidad de la política pública en esa región.
La dura advertencia de Angie Rodríguez a Gustavo Petro: “Va por otro rubro”. Ante la pregunta sobre la razón de fondo de la disputa, la funcionaria cuestionó que el jefe de Estado hubiese dicho que los recursos eran para la selva. “Cuando él habla de la selva amazónica, le recuerdo, señor presidente, porque yo se lo manifesté a usted hace aproximadamente una semana cuando hablamos, le dije: su proyecto en la selva amazónica va por otro rubro”, afirmó Rodríguez en sus declaraciones.
La gerente añadió que ese otro concepto corresponde al fenómeno de La Niña de 2010 y 2011, origen del Fondo Adaptación. Con ese contraste, buscó separar los recursos de La Mojana de los destinados a otras líneas de intervención mencionadas por el mandatario. Y aseguró, además, que ha adelantado más de 137 actuaciones y rechazó la idea de que sus denuncias carezcan de soporte, como lo han hecho ver.
El documento emitido por el Fondo Adaptación también consignó que Rodríguez se encuentra en incapacidad médica y vinculó esa situación a los ataques y hostigamientos que, según ella, ha recibido por sus denuncias contra el Gobierno Petro. Allí se indicó que ya fueron puestos en conocimiento una serie de hechos que podrían constituir violencia institucional, violencia contra la mujer en política y presuntos hostigamientos.