La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, informó que en 2026 se registraron siete asesinatos de periodistas en México. El organismo señaló que en dos de los casos las víctimas habían denunciado amenazas sin que se constataran investigaciones previas, y solicitó a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, emitió un comunicado en el que informa que siete periodistas fueron asesinados en México durante 2026. El organismo indicó que, en al menos dos de los casos, las víctimas habían denunciado amenazas con anterioridad, sin que se registraran investigaciones oportunas o efectivas sobre esos antecedentes.
Según el comunicado, la CIDH expresó preocupación por la falta de respuesta a dichas amenazas y solicitó a las autoridades mexicanas revisar la eficacia de los mecanismos de protección vigentes para periodistas y defensores de derechos humanos. También instó a garantizar investigaciones eficaces y a adoptar medidas para prevenir nuevos hechos de violencia.
El organismo señaló que, en México, existe coordinación entre la Secretaría de Gobernación, mediante el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, para brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de las víctimas.
En el comunicado, la CIDH indicó: “En México, con los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el número de periodistas asesinados en 2026 asciende a siete”.
Asesinato de Josué Martínez Contreras
El 16 de julio de 2026, Josué Martínez Contreras fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla. Según información oficial, dos personas en motocicleta le dispararon y se dieron a la fuga. El periodista había denunciado públicamente amenazas y actos de intimidación en los meses previos, relacionados con su labor informativa. Las autoridades estatales condenaron el hecho y la Secretaría de Gobernación ofreció apoyo a la familia. El caso fue remitido al Gabinete de Seguridad Federal para su investigación.
La Fiscalía General del Estado reportó la detención de una persona vinculada a un presunto delito de soborno dentro del proceso. La investigación sobre el homicidio continúa abierta en varias líneas.
Asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar
El 22 de julio de 2026, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca. Leyva Aguilar ejercía funciones públicas y mantenía una presencia activa como columnista de análisis político. Un año antes, había presentado denuncias por amenazas de muerte que atribuyó a campañas de desprestigio presuntamente organizadas por actores estatales. No recibió medidas de protección.
Tras su homicidio, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión atrajo el caso. Según información del gobierno, la familia cuenta con asistencia de instancias federales dedicadas a la protección de periodistas y víctimas.
Preocupación por la falta de respuesta a amenazas previas
La Relatoría Especial de la CIDH subrayó que, en ambos casos, las víctimas habían denunciado amenazas sin que se constataran investigaciones oportunas o efectivas. El organismo señaló deficiencias en la adopción de medidas adecuadas para prevenir los homicidios, lo que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en México.
La CIDH enfatizó que el asesinato, la intimidación y las amenazas contra periodistas constituyen violaciones graves de derechos fundamentales y afectan la libertad de expresión. Indicó que esta violencia no solo silencia a las víctimas directas, sino que genera un efecto inhibidor sobre otros periodistas y menoscaba el derecho de la sociedad a acceder a información y a ideas diversas.
La persistencia de la violencia letal contra la prensa en México llevó a la Relatoría a solicitar una revisión urgente de la eficacia de los actuales mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. El organismo reiteró la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como de garantizar la reparación adecuada a las víctimas y sus familias.
El comunicado concluye que la protección efectiva de periodistas es indispensable para el funcionamiento de la democracia, considerando el impacto negativo de la violencia sobre el libre intercambio de información e ideas. Además, urgió a la adopción de medidas inmediatas y adecuadas para salvaguardar a las familias de las víctimas y prevenir futuros ataques.