El exvicegobernador Oscar González enfrentará un juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por un choque ocurrido en octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió una mujer y dos adolescentes resultaron heridas.
CÓRDOBA.- Pasado mañana, en la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, el exvicegobernador, exlegislador y exfuncionario nacional Oscar González enfrentará el juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, ambos calificados por la conducción imprudente de un vehículo. El proceso es por el choque que protagonizó el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió una mujer, dos adolescentes sufrieron heridas y una de ellas quedó con graves secuelas.
González, al volante de una BMW X1, chocó de frente contra un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió en el momento. Su hija y una amiga, Marina y Alexa, ambas de 14 años, quedaron con heridas graves. Alexa quedó parapléjica.
La adolescente declaró que no vio “mucho porque fue muy rápido. Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”. Recordó que al despertar vio “mucha sangre” y que pensó que era el shock y que recuperaría la sensibilidad. “Luego me dijeron que tenía la lesión medular”, afirmó.
El BMW X1 que manejaba González había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura. El dominio pertenecía a un auto inscripto en Quilmes que estuvo en poder del exarquero Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba a pesar de no haber viajado a esa provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya.
El vehículo integraba la lista de los judicializados, fue incautado por robo y tenía la patente clonada. Fue cedido en 2019 a la Legislatura. Según explicó la Justicia, se sabía que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. Desde Tribunales indicaron que la “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”.
Por usar un auto oficial, González enfrentó una causa en la Justicia Federal; la Cámara Federal dictó su sobreseimiento definitivo en la imputación de “depositario infiel”.
El defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, aseguró que existe una “condena mediática” vinculada a los roles que ocupó su cliente en el Gobierno cordobés. Sostuvo que el juicio debe limitarse a lo ocurrido en octubre de 2022.
La defensa atribuyó la responsabilidad del choque a la conductora fallecida, mientras que la querella sostiene que González realizó una maniobra temeraria que debe encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual. Los abogados de las familias de las víctimas, Germán Romero Marcón, Lucas Cocha y Emiliano Binante, buscarán modificar la tipificación del delito.
En noviembre del año pasado, el juez Santiago Camogli rechazó la probation solicitada por la defensa de González, que incluía una reparación económica de $340 millones. Al momento de la oferta, se indicó que el dinero sería prestado por amigos porque el exlegislador tiene sus cuentas embargadas por un procesamiento en la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y por una imputación por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes en sus declaraciones juradas.
Por esas imputaciones, González cumplió un año de prisión domiciliaria y fue excarcelado en febrero último por resolución del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.