El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que suspende la aprobación de nuevos centros de datos en el estado hasta que se completen auditorías sobre su impacto energético, hídrico y financiero.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que establece una moratoria inmediata en la aprobación de nuevos centros de datos en el estado. La medida, anunciada el [fecha], instruye a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) a detener la tramitación de solicitudes de interconexión eléctrica para estos proyectos.
Según el texto de la orden, los proyectos pendientes deberán superar una auditoría sobre su impacto ambiental y financiero antes de poder conectarse a la red estatal. Los desarrolladores que no acrediten el cumplimiento de los controles sobre consumo energético, uso de agua y transparencia en la propiedad corporativa verán rechazada su solicitud.
La gobernación informó que la lista de espera de interconexión incluye más de 1.800 proyectos, que sumarían una demanda potencial de 474 gigavatios de electricidad. Esta cifra supera en más de cinco veces el récord histórico de consumo máximo registrado en el estado.
De acuerdo con las autoridades, alrededor del 90% de las nuevas solicitudes energéticas provienen de centros de datos. Texas cuenta con al menos 335 complejos en operación y otros 248 en etapa de proyección, lo que lo ubica como el segundo mercado más grande de centros de datos en Estados Unidos, después de Virginia.
La orden ejecutiva también suspende los estudios de planificación a futuro para evitar incrementos en las tarifas residenciales y proteger el suministro eléctrico para la ciudadanía.
Los proyectos que aspiren a conectarse a la red deberán entregar información detallada, incluyendo el número y alcance de las exenciones fiscales estatales y locales solicitadas, estimaciones precisas del consumo eléctrico anual y de los picos de demanda, la capacidad de autogenerar energía en sitio (preferentemente mediante centrales de gas natural), el volumen de agua necesario para los sistemas de refrigeración y las fuentes de suministro, así como la identificación de los propietarios reales de las instalaciones y planes para mitigar impactos ambientales en las comunidades vecinas.
En los meses previos a la moratoria, la PUCT y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas habían lanzado una encuesta voluntaria a 377 empresas del sector para recopilar información destinada a la planificación energética. Solo 28 compañías respondieron, según datos oficiales.
Ante la falta de información, algunos condados y municipios, como Hill y San Marcos, habían intentado imponer moratorias locales en respuesta a quejas vecinales por ruido y temores sobre el suministro de agua.
La Coalición de Centros de Datos, que representa a actores de la industria tecnológica, manifestó su respaldo a la revisión y solicitó que los peritajes se realicen con agilidad para evitar una parálisis de inversiones. En el ámbito político, sectores de la oposición calificaron la directiva como una medida que no impide la construcción de proyectos con autogeneración eléctrica privada y señalaron la necesidad de un marco regulatorio permanente aprobado por el Congreso local.