El posible ajuste del calendario de feriados en Perú, impulsado por el debate sobre facultades legislativas, reavivó la discusión sobre su impacto económico. El Banco Central estima que cada feriado adicional resta 0.04 puntos del PBI, mientras que sectores como comercio y construcción ven pérdidas que superan los beneficios en turismo.
En los últimos días, la posibilidad de eliminar algunos feriados —a propósito del eventual pedido de facultades legislativas del Ejecutivo— generó un debate. La presidenta Keiko Fujimori aclaró posteriormente que el tema no forma parte de la agenda del Gobierno. Sin embargo, el análisis técnico sobre los feriados continúa.
En el Perú existe una tendencia a legislar sin evaluar las consecuencias económicas de las decisiones. Crear un nuevo feriado suele presentarse como un reconocimiento a una fecha histórica, una institución o un acontecimiento nacional. Lo que rara vez se discute es cuál será su impacto económico y si los beneficios compensan los costos que genera para el país.
Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2023, un feriado adicional representa una pérdida de alrededor de 0.04 puntos porcentuales del PBI, equivalente a más de S/ 400 millones para la economía. Algunos sectores, particularmente alojamiento y restaurantes, registran mayores ingresos; sin embargo, otros, como comercio, construcción y buena parte de los servicios, experimentan pérdidas que terminan superando dichos beneficios.
Además, no todas las actividades pueden detenerse. Hospitales, transporte, seguridad, puertos, aeropuertos, industrias, minería o comercio continúan operando y, conforme a la legislación peruana, deben asumir mayores costos laborales por trabajar durante un feriado, que pueden llegar hasta triplicar la remuneración correspondiente a esa jornada.
Todo ello ocurre en un país que ya enfrenta uno de los mercados laborales más rígidos y costosos de la región. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contratar formalmente a un trabajador en el Perú implica asumir costos laborales no salariales equivalentes al 71.7% de la remuneración, muy por encima del promedio regional de 51.1%. A ello se agregan 30 días de vacaciones pagadas, cuando el promedio latinoamericano alcanza apenas 19.2 días y países como Chile otorgan 15.
Nada de esto significa desconocer la importancia de las fechas históricas. La Batalla de Junín, la Batalla de Ayacucho, el Día de la Bandera o el Día de la Fuerza Aérea merecen ser recordados y conmemorados. Pero conmemorar no necesariamente implica paralizar gran parte de la actividad económica.
En países como Chile y Colombia, determinados feriados se trasladan al lunes siguiente o al viernes más próximo, facilitando la planificación de empresas y trabajadores, sin afectar las principales celebraciones nacionales, religiosas o las Fiestas Patrias.
El país debería establecer candados para impedir que se siga ampliando el calendario nacional de feriados. Con 16 días no laborables, el Perú ya se encuentra entre los países con mayor número de feriados de la región. Asimismo, corresponde revisar la permanencia de algunos de los feriados incorporados en los últimos años y promover que fechas como la Batalla de Junín, la Batalla de Ayacucho, el Día de la Bandera o el Día de la Fuerza Aérea se conmemoren sin que ello implique, necesariamente, paralizar parte de la actividad económica.
Las fechas históricas deben unirnos como país, no seguir incrementando los costos de producir, invertir y generar empleo formal.