En Argentina, los informantes que revelan corrupción enfrentan costos personales significativos. El caso Ciccone y la causa Cuadernos ilustran los riesgos y las protecciones insuficientes para los alertadores.
En democracia, los alertadores —conocidos en Estados Unidos como whistleblowers— son informantes que revelan daños públicos ocultos. En Argentina, el costo personal de realizar estas denuncias es considerable.
Laura Muñoz, testigo clave en el caso Ciccone que culminó con la condena del ex vicepresidente Amado Boudou, describió su experiencia: “Una persona tiene que ser muy tonta para ser testigo denunciante en un caso de corrupción. Uno ingresa en un verdadero infierno. Te queda la vida detonada”. Muñoz habló con periodistas para romper el pacto de silencio que protegía al entonces vicepresidente y señaló que vivió bajo sensación de desprotección, además de ser atacada por sectores de la prensa oficialista.
Laura ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que depende del Poder Ejecutivo. En ese marco, no siempre se distingue si las decisiones son burocráticas o políticas. En varios casos, los denunciantes que estaban protegidos por el gobierno al que denunciaron optaron por abandonar el programa.
El periodismo puede ofrecer apoyo limitado. “Los periodistas no podían estar en el día a día apoyándome”, afirmó Muñoz. Otros informantes han visto sus carreras destruidas, sufrieron violencia institucional o terminaron en el ostracismo.
Los frutos del árbol envenenado
La principal forma de protección que tiene el periodista es el anonimato, aunque no siempre se acepta si el testimonio pierde credibilidad. Cuando Mario Pontaquarto dio una entrevista a María Fernanda Villosio, entonces en la revista TXT, tanto ella como su editor Edi Zunino le ofrecieron un abogado y gestionaron una estadía en Uruguay para su familia.
En los juicios, los alertadores son cuestionados por los abogados defensores. En la causa Cuadernos, el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, fue interpelado sobre por qué no hizo la denuncia directamente, por qué entregó material que solo poseía y por qué traicionó a un amigo.
Diego Cabot sufrió once horas de interrogatorio en el juicio, y su colaboradora Candela Ini, siete. A Cabot le pidieron que revelara con qué empresarios habló. A pesar del artículo 43 de la Constitución Nacional, su negativa generó protestas de abogados defensores como Elizabeth Gómez Alcorta, Marcos Aldazábal, Carlos Beraldi o Aníbal Ibarra. El tribunal presidido por Enrique Méndez Signori detuvo esas protestas, pero Cabot no habría revelado sus fuentes.
La cultura del buchón
Jorge Bacigalupo entregó los cuadernos a Cabot sin consultar a Oscar Centeno. En 2018 dijo que lo hizo porque “estos (los kirchneristas) van a volver si no se los para de alguna manera”. En el juicio actual, señaló que lo hizo por razones de bien público.
Mario Pontaquarto, en su libro “El arrepentido. Cómo se hace política en la Argentina”, describió su proceso personal hasta decidir “destapar la olla”, tras un proceso de marginación social. Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, en el libro “La confesión del contador” de Hugo Machiavelli, relató su introspección interna. Dijo: “Nadie me puede sacar lo que yo sentí en esos momentos. Esto lo asumo como mi casamiento, el nacimiento de mis hijos, mi promoción”.
El periodista Santiago O’Donnell, director del sitio Filtraleaks, escribió en su libro “Filtraciones. Periodismo, política y servicios” que “ese folklore atenta contra la idea de mostrar y conocer lo que el poder oculta. Lleva a confundir un acto de autodefensa democrática con una traición”.
El abogado José Manuel Ubeira, defensor de un funcionario imputado, dijo en el juicio de la causa Cuadernos: “¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?” y agregó: “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”.
En Estados Unidos, la False Claims Act protege a los alertadores y otorga recompensas de entre el 15 y el 30 % de lo recuperado. Desde 1986 hasta 2022, se recuperaron 86 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia.
El grupo Soporte, integrado por Laura Muñoz, impulsa un modelo similar en Argentina y lo ha acercado a legisladores y funcionarios.
La reducción del riesgo personal para revelar pactos de silencio que protegen la corrupción es un objetivo pendiente. El periodismo debe permanecer alerta.