El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de Juan López Torales, quien está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y falso testimonio. El hecho ocurrió el 1 de julio de 2014 durante una protesta en la Panamericana.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves un recurso presentado por la defensa de Juan López Torales, comandante de Gendarmería, y habilitó la realización del juicio oral en su contra. El tribunal rechazó el planteo de prescripción de la causa, que había sido solicitado por su defensa para evitar el debate.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín y de la Cámara Federal de Casación Penal, que habían rechazado el sobreseimiento por prescripción.
López Torales está imputado por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia» y «falso testimonio». El incidente ocurrió el 1 de julio de 2014, durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear sobre la ruta Panamericana, cuando el gendarme se arrojó sobre el capó de un vehículo en movimiento.
El hecho quedó registrado en videos tomados por periodistas que cubrían la manifestación. Tras el incidente, el conductor del automóvil, Cristian Romero, fue sacado del vehículo por otros gendarmes y detenido.
López Torales declaró en su momento que había sido atropellado, pero su relato fue desestimado por la justicia. En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo procesó, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La causa fue elevada a juicio en 2024. En ese contexto, la defensa de López Torales planteó la prescripción, que fue rechazada en instancias anteriores y ahora confirmada por la Corte Suprema. De esta manera, el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín deberá determinar la responsabilidad penal del imputado.
En el caso también fueron denunciados Sergio Berni, entonces viceministro de Seguridad y actual legislador provincial, y el coronel Roberto Galeano, a quienes los manifestantes señalaron por una presunta infiltración antes del hecho.
Por otro lado, Cristian Romero, el conductor del vehículo, demandó al Estado por daños y perjuicios. En su denuncia, relató que un gendarme se arrojó sobre el capó de su auto, provocando una abolladura y daños en el parabrisas. Luego, según su relato, fue golpeado, arrojado al piso, arrastrado y esposado por varios gendarmes. Romero sostuvo que fue detenido «sin haber hecho absolutamente nada» y que la actuación del gendarme promovió «una detención carente de todo tipo de verdad».