Las condiciones del Gobierno a las eléctricas para autorizarles subas de tarifas

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El Gobierno ha adoptado una postura firme respecto a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, exigiendo una mejora significativa en la calidad del servicio como condición para autorizar aumentos en las tarifas. Esta medida busca abordar los problemas recurrentes de cortes de luz y mejorar la experiencia de los usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha convocado a dos audiencias públicas para finales de enero, donde se definirán los parámetros de los negocios del transporte y la distribución de energía eléctrica para los próximos cinco años, que le interesa al Gobierno para tomar nuevas medidas. 

En estas audiencias, se analizarán la calidad del servicio que deben ofrecer las empresas Edenor, Edesur y Transener, así como las inversiones necesarias para mejorar la red y reducir la duración y frecuencia de los cortes de luz.

El objetivo del Gobierno es reducir en un 40% la duración y la frecuencia de los cortes de luz en algunos municipios del Gran Buenos Aires, donde el servicio tiene peor calidad. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el servicio es relativamente mejor, se busca una mejora del 30%.

Estas metas son ambiciosas y requieren un compromiso significativo por parte de las empresas distribuidoras. El ENRE ha establecido parámetros de calidad específicos que las empresas deben cumplir para obtener la autorización de aumentos tarifarios. Estos parámetros incluyen la duración promedio de los cortes de luz (SAIDI) y la frecuencia de los cortes (SAIFI).

Por ejemplo, en algunos municipios del Gran Buenos Aires, la meta es reducir la duración de los cortes a entre 2,8 y 3,3 horas por semestre y la frecuencia a entre 1,2 y 1,4 veces por semestre. En la Ciudad de Buenos Aires, las metas son reducir la duración de los cortes a entre 2,55 y 2,8 horas y la frecuencia a entre 1,08 y 1,19 veces por semestre.

Calidad de servicio 

Además de mejorar la calidad del servicio, el Gobierno también ha endurecido las sanciones para las empresas que no cumplan con los parámetros establecidos. Estas sanciones incluyen multas por cortes de suministro, cortes reiterados y prolongados, oscilación de tensión, suspensión indebida del suministro, mala atención en oficinas comerciales, facturación incorrecta, y otros incumplimientos.

El objetivo es garantizar que las empresas no descuiden a ningún usuario ni a ninguna zona en particular. El Gobierno ha dejado claro que las mejoras en la calidad del servicio son una condición necesaria para autorizar aumentos en las tarifas. Las empresas del sector, por su parte, buscan mantener sus ingresos en términos reales y obtener un marco normativo que les facilite las condiciones para acceder al financiamiento. Los aumentos tarifarios propuestos no superarán el 9,9% en abril, y se espera que los incrementos mensuales se mantengan por debajo de la inflación pasada.

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