El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la caída del empleo formal en Argentina, aunque sostuvo que el retroceso de los asalariados registrados fue acompañado por un crecimiento de otras modalidades laborales, principalmente el monotributo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la caída del empleo formal en Argentina y la atribuyó, en parte, al avance del monotributo. En una columna de opinión publicada en el diario La Nación, el funcionario sostuvo que el retroceso de los asalariados registrados fue acompañado por un crecimiento de otras modalidades laborales, principalmente el régimen simplificado.
Al referirse a la disminución de los asalariados formales privados pese al aumento del empleo total, Sturzenegger afirmó: “Es cierto”. Como una de las posibles explicaciones, señaló la ampliación del monotributo contemplada en la Ley Bases, que, según sostuvo, “facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria”. El ministro remarcó que no se trata de un fenómeno reciente, sino de una tendencia que se registra desde 2012 y que, a su entender, responde a la búsqueda de modalidades de trabajo más flexibles.
En ese sentido, aseguró que “en los últimos tres años el mercado laboral sumó medio millón de puestos de trabajo” y rechazó que ese crecimiento haya sido explicado exclusivamente por el empleo informal. Según los datos que presentó, se incorporaron 190.000 asalariados no registrados, mientras que los trabajadores no asalariados aumentaron en 491.000, impulsados principalmente por los monotributistas. Sobre este último grupo, Sturzenegger destacó que “los sueldos de los monotributistas no son muy diferentes a los de los asalariados”.
Al analizar los ingresos, el ministro reconoció que existen diferencias entre los indicadores elaborados por el SIPA, el INDEC y la Cuenta de Generación de Ingresos, por lo que la evolución varía de acuerdo con la metodología utilizada. En particular, destacó la mejora de las remuneraciones reales de los trabajadores informales, que, según los datos que presentó, se encuentran 64% por encima del promedio de 2023. En el caso de los monotributistas, señaló que el incremento fue menor, del 4%, aunque también se ubicaron por encima de los niveles de 2023. Para los asalariados formales, en tanto, planteó que los datos del SIPA y del índice de salarios del INDEC muestran resultados disímiles. Según explicó, ambos reflejan aumentos respecto de diciembre de 2023 —del 8% y el 13% a marzo, último dato disponible del SIPA—, aunque uno se encuentra por encima y el otro por debajo del promedio de 2023. “Ese grupo tuvo un movimiento más lateral”, afirmó.
Sturzenegger utilizó estos datos para defender la evolución general de la economía. Según sostuvo, el Gobierno logró colocar al país “en un sendero de crecimiento luego de 12 años de estancamiento” y destacó, entre otros indicadores, la reducción de la pobreza del 42% al 28%, la generación de 500.000 puestos de trabajo y el sostenimiento del superávit fiscal durante tres años consecutivos. También afirmó que la Argentina atraviesa un “boom de exportaciones”, que vinculó con las reformas estructurales impulsadas a partir de la Ley Bases.
En otro tramo de su columna, Sturzenegger rechazó una eventual intervención del Estado frente al nivel de endeudamiento de los hogares y responsabilizó a los bancos y a las entidades financieras por las consecuencias de los créditos otorgados. El ministro los calificó como “gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó”. “Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos. Pero con tal de pegarle al Gobierno, vale cualquier cosa”, afirmó el funcionario, al cuestionar las advertencias opositoras sobre la situación financiera de las familias.
En esa línea, sostuvo que el financiamiento bancario al sector privado representa apenas el 12% del PBI, frente a más del 70% en Chile y Brasil, mientras que la totalidad de la cartera irregular no alcanza el 1% del producto. El ministro también defendió la necesidad de preservar las reglas del sistema crediticio y remarcó que “en los últimos dos años, casi 4 millones de personas accedieron por primera vez al crédito”. Según argumentó, mantener un marco estable resulta necesario para ampliar el acceso al financiamiento en los próximos años y evitar que el Estado modifique las condiciones de manera permanente.