La Justicia ordenó en 2016 la restitución de un inmueble en Villa La Angostura, pero el desalojo realizado el 19 de agosto fue parcial y dos comunidades mapuche permanecen en el lugar.
El conflicto por el Lote Pastoril 42, ubicado en la zona de El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, se remonta a fines de 2011. María Cristina Broers inició un interdicto de recobrar la posesión del inmueble y, en diciembre de 2016, la Justicia ordenó su restitución y el desalojo de los ocupantes. La sentencia quedó firme y, casi diez años después, el 19 de agosto último se realizó un operativo policial para ejecutarla. El resultado fue parcial: las fuerzas pudieron avanzar solo sobre uno de los sectores ocupados, mientras que los integrantes de las comunidades Melo y Quintriqueo permanecieron en otro.
Según consta en el expediente, la sentencia ordena la restitución del inmueble a su propietaria, quien posee título inscripto y adquirió el terreno de forma legítima. El Poder Ejecutivo provincial, a través de sus organismos, es el responsable de ejecutar las decisiones judiciales. En Neuquén, los desalojos se rigen por un protocolo que exige la intervención coordinada de distintos organismos provinciales y de la Policía.
La ejecución parcial del desalojo implica que, a la fecha, la sentencia firme no ha sido cumplida en su totalidad. El Estado provincial no ha informado una nueva fecha para completar la medida. La propietaria, María Cristina Broers, continúa a la espera de la restitución plena del inmueble.
El caso plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir las decisiones judiciales en tiempo y forma. Cuando una sentencia adquiere firmeza, su ejecución es obligatoria. Los mecanismos de apelación y revisión están previstos en la ley, pero una vez agotados, la decisión debe cumplirse.
El protocolo de desalojo vigente en la provincia busca garantizar la protección de las personas involucradas. Sin embargo, en este caso, las previsiones del protocolo no impidieron que la ejecución se postergara durante años. La demora en la ejecución de una sentencia firme afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
El mensaje que reciben quienes deciden desconocer una sentencia es que la resistencia y la prolongación de los procedimientos pueden ser más eficaces que el cumplimiento de la ley. La sociedad deposita en los jueces la responsabilidad de resolver controversias para evitar que los particulares hagan justicia por mano propia. Si las decisiones judiciales firmes no se ejecutan, se debilita la autoridad de la ley.