Varias organizaciones de libertades civiles presentaron un escrito ante una corte federal para respaldar la demanda de un fotoperiodista contra la FAA por una restricción que limitó el uso de drones cerca de instalaciones del DHS.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), su filial en Washington y la Asociación Nacional de Fotoperiodistas presentaron un escrito ante una corte federal para respaldar la demanda interpuesta por el fotoperiodista de Minesota Rob Levine contra la Administración Federal de Aviación (FAA).
La restricción, emitida el 16 de enero, prohibió volar drones a menos de 914 metros en sentido horizontal y 305 metros en sentido vertical de instalaciones y «activos móviles» del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos vehículos utilizados por agentes migratorios. La medida fue implementada durante el despliegue de operativos migratorios en Minesota bajo la administración del presidente Donald Trump.
Según las organizaciones, la restricción dificultaba que los periodistas supieran si volaban cerca de un vehículo oficial, ya que estos podían desplazarse y, en ocasiones, no estaban identificados. El incumplimiento podía acarrear multas, cargos penales o la pérdida de la licencia para operar drones.
Scarlet Kim, abogada de la ACLU, afirmó en un comunicado que la restricción obligó a los periodistas que cubrían las operaciones migratorias a dejar sus drones en tierra o arriesgarse a enfrentar cargos penales. Kim calificó la medida de «inaceptable» e «inconstitucional».
Las organizaciones sostienen que la restricción vulneró el derecho, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, a documentar la actuación de funcionarios públicos.
Levine presentó su demanda en marzo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. La FAA retiró en abril la prohibición nacional y la sustituyó por una recomendación que no contempla las mismas sanciones civiles y penales.
Pese a ese cambio, las organizaciones y el fotoperiodista buscan que los tribunales determinen si la restricción original fue ilegal y si vulneró derechos constitucionales, según los documentos judiciales.