El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no considera necesaria la aprobación legislativa para enviar un cheque de USD 5.000 a cada ciudadano adulto. La propuesta generó rechazo entre constitucionalistas, economistas y miembros de su propio partido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no considera necesaria la aprobación del Congreso para enviar un cheque de «dividendo» de USD 5.000 a cada ciudadano adulto en ese país. La declaración fue realizada durante la convención republicana en Dallas, según consignó la agencia de noticias.
El mandatario sostuvo que los fondos provendrían del incremento en la recaudación por aranceles a la importación y la inversión extranjera. En una entrevista exclusiva otorgada al periodista político Jack Fink para la cadena CBS News Texas, Trump defendió su postura de avanzar sin el aval del Capitolio. «Bueno, creemos que no. Creo que lo harían si fuera necesario, pero creemos que no. El país está prosperando, hemos recaudado billones de dólares en aranceles y otras cosas. Ahora tenemos más de 20 billones de dólares en plantas de fabricación y otras inversiones en Estados Unidos, una cifra mucho mayor que nunca», declaró el presidente al ser consultado sobre la necesidad de una aprobación legislativa.
Durante el encuentro, Trump calificó el desembolso como «una gran inyección de capital» y estableció una condición para la distribución del beneficio: «Tenemos una condición: que el dinero se gaste… que la gente gaste su dinero en Estados Unidos. No queremos que ese dinero se gaste en otros países. Creemos que es algo realmente bueno, popular y una gran inyección de capital».
Según la visión de la Casa Blanca y del vicepresidente JD Vance, el financiamiento provendrá del esquema de aranceles globales. La medida estaría dirigida a la clase media y a los trabajadores adultos residentes en suelo estadounidense, lo que dejaría fuera del beneficio a más de cinco millones de ciudadanos radicados en el extranjero.
Especialistas en derecho constitucional y economía advirtieron que la promesa choca con las atribuciones fijadas por la Carta Magna de Estados Unidos, la cual otorga de manera exclusiva al Congreso la facultad de autorizar el gasto público y la emisión de deuda. La iniciativa de la Casa Blanca requeriría un desembolso fiscal de una magnitud sin precedentes para un programa de transferencias directas, sin contar de momento con el correspondiente respaldo presupuestario.
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el país residen aproximadamente 245 millones de ciudadanos adultos. Entregar un cheque de USD 5.000 a cada uno de ellos representaría un costo total para el Tesoro de USD 1,2 billones. Economistas de la Tax Foundation explicaron que este monto consumiría prácticamente la totalidad de los ingresos proyectados por los nuevos aranceles durante más de una década. Asimismo, analistas del Fondo Monetario Internacional y la Universidad de Harvard advirtieron que inyectar semejante liquidez agravaría la deuda pública federal —que ya supera los USD 40 billones— y gatillaría un nuevo brote inflacionario.
La propuesta encontró resistencia dentro de las propias filas conservadoras. Figuras relevantes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificaron el anuncio como una propuesta que traerá «más deuda y más inflación», mientras que el representante republicano Ralph Norman advirtió públicamente que vincular pagos gubernamentales al resultado de una elección se asemeja a una política de favores por dinero. Pese a estas críticas internas, aliados estrechos del presidente, como el senador Bernie Moreno, adelantaron que impulsarán un proyecto de ley para viabilizar el beneficio en caso de que el partido retenga ambas cámaras en los comicios de mitad de mandato.
El anuncio reitera una estrategia de incentivos financieros a la que Trump ya ha recurrido en el pasado sin concreción formal. En 2025, el mandatario respaldó la idea de otorgar cheques de USD 5.000 financiados con los supuestos ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, un plan que nunca llegó a materializarse. De igual forma, la promesa previa de distribuir dividendos arancelarios por USD 2.000 fue descartada tras los reveses judiciales sobre las tarifas comerciales iniciales, dejando la nueva promesa de USD 5.000 bajo un fuerte escrutinio político e institucional.
La controversia en torno al «Dividendo Trump» promete convertirse en el eje central del debate económico de cara a las elecciones de medio término. Mientras el equipo legal de la Casa Blanca insiste en la existencia de márgenes de acción para concretar los pagos, analistas coinciden en que la medida enfrentará demandas inmediatas en las cortes federales si el Ejecutivo intenta ejecutar transferencias masivas sin una ley sancionada por el Congreso.
En última instancia, el éxito de la propuesta dependerá tanto del resultado en las urnas como de la capacidad del Partido Republicano para unificar criterios frente al déficit fiscal. Si el oficialismo logra mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado, los legisladores alineados con el presidente deberán decidir si aprueban una partida de USD 1,2 billones o si imponen límites al gasto público promovido desde el Poder Ejecutivo.