Técnicos de la Mesa de Enlace y de la industria semillera acordaron continuar el debate sobre qué productores quedarán exceptuados del pago por uso propio, en el marco de una eventual reforma de la ley de semillas.
La Mesa de Trabajo Técnico sobre la ley de semillas, integrada por entidades de la Mesa de Enlace y la industria semillera, mantuvo una nueva reunión en la que se acordó continuar la discusión sobre qué productores quedarán exceptuados del pago por el uso propio, que actualmente es gratuito por ley.
Según pudo reconstruir LA NACION, aún no hay un acuerdo que permita afirmar que las partes hayan alcanzado un entendimiento total para resolver este conflicto que se extiende por los últimos 20 años. La ley actual es de 1973, cuando la soja apenas despuntaba y no existía la biotecnología agrícola.
“Se realizaron ejercicios concretos sobre las diferentes posturas y escenarios, evaluando alternativas para el uso propio gratuito en el marco de una ley de semillas reformada. Se acuerda continuar trabajando en torno a la figura, las características y los detalles del productor exceptuado del pago por el uso propio”, expresó la Mesa de Enlace en un comunicado tras una reunión de sus técnicos con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
El modelo original de las 500 hectáreas de libre disponibilidad o libre cobro, propuesto por la Mesa de Enlace, ya no rige. La dirigencia rural busca un esquema que considera justo y equilibrado. El primer acuerdo consiste en avanzar, a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que funciona en la órbita de ARCA, para usar ese sistema como método de trabajo, no de cálculo. En el SISA están los deciles de superficie. Ahora se evalúa cuántas hectáreas por cultivo serán para la excepción.
La discusión tiene a la soja en el centro de la escena, pero también a cultivos de economías regionales como las legumbres. El tema es relevante no solo para multinacionales como Bayer o BASF, sino también para firmas locales como GDM e incluso para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ha trabajado en mejoramiento genético. Sin una actualización de la ley, los programas de mejoramiento en soja en la Argentina se quedaron atrás respecto de Brasil, donde ya hay varias generaciones de una misma tecnología, como Intacta, que combina amplia resistencia para insectos y malezas. También hay otras tecnologías en la oleaginosa a nivel mundial que requerirán un nuevo marco regulatorio.
En el sector se insiste en que, por el momento, el único entendimiento pleno es usar los deciles del SISA como modo de cálculo, un acuerdo de método de trabajo. No hay acuerdo global aún. “Paciencia” es la palabra que resuena en ambas partes. En esa palabra también está el reconocimiento de que después de años de idas y vueltas e intentos fallidos la negociación ahora es más sólida. Nadie quiere dejar la negociación sabiendo que se trata de un punto clave para la llegada de nuevas inversiones. Hace unos días, LA NACION contó el interés de la alemana BASF para evaluar nuevas inversiones en su negocio de semillas de soja en el país si se resuelve este tema.
En ese marco se juegan la moderación y las palabras, como las del comunicado de la Mesa de Enlace que no son concluyentes porque las mismas entidades tienen que consultar a sus representados. “Hoy tuvo lugar la tercera reunión de la Mesa de Trabajo Técnico sobre la Ley de Semillas, en la sede de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), con la presencia de representantes de la producción y de la industria semillera. Se han construido avances y se valora especialmente lo trabajado en tan poco tiempo”, dijo la agrupación donde están la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.
“Además, se destaca que la construcción de consensos se construye progresivamente y requiere un serio y profundo trabajo profesional e institucional, dada la complejidad del tema y la amplia diversidad de intereses y tipos de actores privados y productivos representados en esta Mesa. Cada avance y discusión requiere validación y consulta con las bases y las empresas involucradas”, concluyó. La negociación seguirá. También espera su resultado el Gobierno, que se comprometió ante los Estados Unidos a enviar al Congreso un proyecto para la aprobación de la adhesión a Upov-91, un tratado internacional que otorga un mayor reconocimiento a los obtentores por sus derechos en el germoplasma.