El Gobierno envió al Congreso un presupuesto con beneficios fiscales y recortes, mientras la oposición busca alternativas electorales y avanza una causa por fentanilo contaminado.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de presupuesto que incluye la derogación de la emergencia en discapacidad, nuevos recortes a las universidades y beneficios fiscales por 200 millones de dólares para las centrales termoeléctricas Guillermo Brown y Vuelta de Obligado, controladas por Nicolás Caputo. El artículo 65 del proyecto establece esos beneficios, mientras que el artículo 67 propone reducir de diez a cinco años el plazo para ejecutar créditos fiscales obtenidos por concesionarios de rutas nacionales.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, transmite al peronismo federal que el oficialismo cuenta con votos suficientes para suprimir o suspender las PASO en el Senado, y por canales informales comunica al cristinismo su desacuerdo con esa medida. La exclusión de la reforma a la carta orgánica del Banco Central, resuelta por Patricia Bullrich para evitar el fracaso de la sesión del jueves, contrasta con las versiones sobre un posible acuerdo electoral.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que debía tratar las PASO, incorporó al temario una propuesta de ficha limpia del senador Martín Goerling (Pro). El año pasado, el oficialismo frustró la aprobación de esa ley con los votos en contra de Sonia Rojas y Carlos Arce, senadores por Misiones alineados con Carlos Rovira. El Pro no respaldaría la iniciativa de suspender las PASO.
En el plano provincial, gobernadores de distintos signos políticos recibieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Gustavo Sáenz lo hizo en Salta. Según versiones periodísticas, mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba) evalúan que una eventual reelección de Milei les permitiría posicionarse como candidatos presidenciales en 2031. Todos los distritos desdoblarían sus elecciones para elegir gobernador antes que presidente.
En Córdoba, la diputada Natalia De la Sota criticó veladamente a Llaryora durante una misa en Río Cuarto en homenaje a su padre, José Manuel De la Sota. Dijo que su padre no habría respaldado las políticas de Milei. El jefe de Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, le había avisado un día antes que el gobernador y parte de su equipo asistirían al oficio. Trascendió que Sergio Massa mencionó a De la Sota como eventual candidata presidencial en una reunión con dirigentes, lo que generó incomodidad en el peronismo federal.
En el frente judicial, la lista Naranja de la UOM impugnó la participación del ministro Ricardo Lorenzetti en el recurso presentado ante la Corte Suprema por Abel Furlán contra la intervención del gremio. La oposición a Furlán recordó que Lorenzetti fue asesor de la UOM de Rafaela durante 18 años y que forjó un vínculo estrecho con su titular, Roberto Oesquer, quien comparte con Furlán la conducción de la UOM intervenida. El titular de la Corte, Horacio Rosatti, deberá convocar a un conjuez cuando el tribunal se expida. El interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, objetó que Furlán se presente como titular del gremio.
En la causa por fentanilo contaminado, el juez federal Ernesto Kreplak investiga la responsabilidad de la empresa Tri Eco, dedicada al tratamiento e incineración de residuos hospitalarios. Tri Eco, Stericycle, Hábitat Ecológico y Arcillex integran el grupo controlado por los hermanos Fernando y Gustavo Mauro. HLB Pharma encomendó a Tri Eco la destrucción de cinco kilos de fentanilo el 13 de mayo de 2025, el mismo día en que se denunció penalmente a su titular, Ariel García Furfaro, por distribuir la droga contaminada y causar la muerte de un centenar de pacientes. Un kilo de fentanilo permite obtener dos millones de dosis de un fármaco 50 veces más potente que la heroína. La investigación busca confirmar o descartar vacíos en la cadena de documentación que acrediten la destrucción fehaciente.
García Furfaro integró en 2020 la delegación enviada por Alberto Fernández a Rusia para negociar la compra de vacunas Sputnik contra el Covid-19. Los antecedentes de los Mauro en el negocio de residuos peligrosos incluyen la compra de Hábitat Ecológico en 2007 y el gerenciamiento de Stericycle en 2011. En 2022, Hugo Alconada Mon reveló que Stericycle admitió ante la SEC de Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios argentinos para retirar residuos hospitalarios. Hábitat Ecológico figura en la documentación oficial de la SEC, que menciona el uso de la denominación ‘alfajores’ para las coimas, atribuida a Gonzalo Añaños, exCEO de Stericycle en Argentina. Tras admitir su responsabilidad, Stericycle vendió sus operaciones en el país a los Mauro.
A través de Arcillex, los Mauro solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente bonaerense habilitar un relleno sanitario en Alejandro Korn para recibir tres mil toneladas de residuos de una decena de municipios y de más de 20 parques industriales del partido de San Vicente, gobernado por Nicolás Mantegazza. Ni los municipios ni las empresas están obligados a depositar sus residuos en el Ceamse. Cada municipio paga al menos 21 mil pesos por tonelada, mientras que las empresas privadas pagan el triple, lo que equivale a una recaudación superior a los 100 mil dólares diarios solo por los parques industriales. Fuentes del sector sostienen que la sobreestimación de toneladas ingresadas es una forma de atraer a los municipios.
La hipótesis de que no se haya destruido la totalidad del fentanilo se basa en esas irregularidades. El avance de la causa a cargo del juez Kreplak podría confirmar o desmentir esa presunción.