Una investigación periodística identificó más de 50 infracciones de tránsito en la camioneta oficial que usó el ex jefe de Gabinete. El vehículo pertenece al Inprotur y las notificaciones llegan a ese organismo.
Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete, pero continúa utilizando una camioneta oficial. El vehículo acumula infracciones de tránsito por un monto superior a $10 millones, según una investigación de Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi publicada en La Nación, que identificó más de 50 faltas, en su mayoría por exceso de velocidad.
El martes 15 de septiembre, el dominio registraba 144 multas por $61 millones. De ese total, 41 correspondían al período posterior a su renuncia, el 27 de junio, y superaban los $8 millones. Al día siguiente, esas 144 infracciones dejaron de aparecer en el registro público. La investigación no pudo establecer si se pagaron o se dieron de baja. La desaparición del listado no permite afirmar que fueron perdonadas ni identificar quién habría desembolsado el dinero.
Entre el jueves y el viernes aparecieron cuatro multas porteñas por $1,8 millones. En la provincia de Buenos Aires seguían registradas 27 infracciones: ocho posteriores a la salida de Adorni, por $1,3 millones. Se trata de cortes distintos del registro, no de cifras que puedan sumarse sin más para calcular una deuda vigente.
La Toyota SW4 modelo 2022 pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que la cedió a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos. Según informó El Día, el permiso fue formalizado en enero de 2025. Casi tres meses después de dejar el cargo, Adorni conserva el uso de ese recurso estatal.
El Gobierno vinculó la utilización del vehículo con la custodia. Seguridad explicó a La Nación que la protección de altos funcionarios y ex funcionarios se mantiene durante seis meses según una evaluación de riesgo. Esa justificación abre una discusión sobre el alcance de la cobertura: quién autoriza los recorridos y cómo se controla el uso del vehículo.
Las notificaciones de las multas llegan al Inprotur, titular de la camioneta. El organismo sostuvo que los gastos corresponden a la Jefatura de Gabinete. Esa respuesta administrativa no aclara quién afrontó cada infracción ni qué trámite explica las bajas del registro.
El caso deja una cuenta pendiente de rendición pública. Una cosa es justificar la seguridad de un ex funcionario; otra, explicar el destino y los costos de un bien estatal. Adorni ya no ocupa el despacho, pero sigue trasladándose con un vehículo oficial cuyo historial exige rendir cuentas sobre los pesos gastados.