Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, detalló ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones las etapas del proceso de venta de empresas estatales y adelantó que se revisará el precio de Intercargo tras la licitación desierta.
«Fue este Congreso que, a través de la ley 27.742, acompañó el rumbo propuesto por el Poder Ejecutivo y declaró sujetas a privatizaciones empresas, cuyo proceso hoy estamos llevando adelante». Con esas palabras, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, inició su intervención en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Senado.
En su exposición, Chaher detalló la etapa que transita el proceso de venta de una serie de compañías estatales, dos años después de la aprobación de la ley Bases. El funcionario explicó el estado de situación de Carboeléctrica Río Turbio, Nucleoeléctrica y Aysa, entre otras.
Chaher, que fue interventor de Télam y estuvo vinculado al proceso de privatización de la Casa de la Moneda, asumió la cartera creada en 2024. En la comisión fue consultado por su rol simultáneo en el directorio de Nucleoeléctrica, una de las firmas sobre las que se avanzaría en su venta, y por un presunto pasado como gerente en el Grupo Vila-Manzano, uno de los señalados como competidores en la licitación por Aysa. El funcionario negó haber tenido vinculación con esa compañía.
Durante su intervención, Chaher remarcó que «la participación del Estado tiene que tener una justificación concreta y estar sometido a criterios de eficiencia, sostenibilidad y rendición de cuentas» y planteó que «no corresponde confundir la función del Estado con la gestión empresarial». En ese punto, detalló que la secuencia de privatización consta de cuatro etapas: «Conocer, ordenar, transformar y abrir».
El funcionario calificó como fallida la licitación de Intercargo, que quedó desierta. El proceso busca desprenderse del 100% del paquete accionario. El valor de base era de u$s45 millones, pero no recibió ofertas. En ese marco, Chaher sostuvo que «sería necio» insistir con ese mismo precio para una privatización de la empresa que ofrece el servicio de rampas aeronáuticas.
Los integrantes de la comisión recibieron durante la semana un informe sobre el proceso actual de privatizaciones de Carboeléctrica Río Turbio, Nucleoeléctrica, Intercargo, Belgrano Cargas, Aysa y rutas nacionales. Los legisladores definieron ese informe como «imposible de sistematizar» con el tiempo de antelación con que fue remitido. Asimismo, en la bicameral se precisó que se recibieron 27 ofertas por las hidroeléctricas del Comahue, que finalizó con una adjudicación por u$s707 millones, y tres ofertas por Citelec, cuya participación estatal fue adjudicada por u$s356 millones.
Durante el encuentro, la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) cuestionó «el cambio de la fórmula de tasación de las empresas». Planteó que previamente las cotizaciones estaban sujetas al patrimonio y el valor actual se define por el flujo de fondos, lo que en el caso de Nucleoeléctrica haría que se licite en «once veces menos de lo que valía hace un año». «No hay pliego y no hay tasación», respondió Chaher, que consideró que se estaba anticipando, y reiteró que no hay «tasaciones hechas previas a su adjudicación».
«Si es una actividad regulada, tenés que tener un contrato de concesión para poder estimar proyecciones de flujos futuros, en función de los ingresos esperados, la inversión comprometida y los costos operativos. Si me quedo con la valuación de un activo tangible, estoy quedándome con un insumo no más», continuó el funcionario, que ejemplificó con Aysa, cuyo valor de adjudicación ronda los u$s500 millones pero el compromiso de inversión del primer quinquenio ascendería a u$s2.000 millones.