El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, autorizó asistencias financieras reintegrables por un tope conjunto de $5.565.990.741,59 para que los municipios de Famaillá, Trancas y Juan Bautista Alberdi afronten principalmente el pago de salarios de agosto. Los decretos fueron firmados el 4 de septiembre y publicados en el Boletín Oficial provincial el 23 de septiembre.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, autorizó asistencias financieras reintegrables por un tope conjunto de $5.565.990.741,59 para que tres municipios afronten principalmente el pago de salarios correspondientes a agosto.
Según los decretos 2.074, 2.077 y 2.079, firmados el 4 de septiembre y expuestos en la edición del 23 de septiembre del Boletín Oficial provincial, los beneficiarios son Juan Bautista Alberdi, Famaillá y Trancas.
La mayor autorización correspondió a Famaillá, con hasta $2.554.958.537,11. A Juan Bautista Alberdi se le asignó un máximo de $1.932.719.132,79, mientras que Trancas recibió un techo de $1.078.313.071,69. La suma de los tres instrumentos alcanza los $5.566 millones.
Los actos administrativos establecen que son asistencias que deben devolverse, que su liberación queda sujeta a la disponibilidad del Tesoro provincial y que los movimientos deberán registrarse tanto cuando los fondos sean puestos a disposición como cuando se produzcan las devoluciones.
Los recursos serán canalizados a través de cuentas fiduciarias de cada municipalidad, y la Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción quedó facultada para emitir los comprobantes de anticipos extrapresupuestarios a favor de la Caja Popular de Ahorros, que actúa como agente fiduciario.
El lenguaje de los tres decretos es prácticamente idéntico y reconoce el mismo motivo central: garantizar “principalmente” el pago de los haberes de agosto. Esa palabra permite otros destinos previstos por la Ley 8.829 —obras, servicios y actividades culturales, deportivas o sociales—, pero la necesidad salarial es la justificación concreta incorporada en los expedientes.
La decisión compromete a Rentas Generales y exhibe la dependencia de esos gobiernos locales respecto del auxilio financiero de la administración de Jaldo para cubrir una obligación corriente. Aunque las municipalidades conservan la deuda y deben reintegrarla, la Provincia asume la disponibilidad inicial y administra el circuito fiduciario.
Los tres decretos se apoyan en acuerdos fiscales con municipios autorizados previamente por el Poder Ejecutivo y citan dictámenes de la Fiscalía de Estado emitidos el mismo 4 de septiembre.
No informan en su texto la cantidad de empleados alcanzados, el cronograma de devolución ni la porción que finalmente utilizará cada comuna.