El Proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea y realizado en diez países, analizó 73 personas en Argentina. Todas presentaron entre dos y diez agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal. La responsable del estudio en el país, Virginia Aparicio, enfrenta un sumario administrativo en el INTA con pedido de exoneración.
Un estudio internacional denominado Proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea y desarrollado en diez países, analizó muestras biológicas de 73 personas en Argentina. El 100% de los participantes presentó entre dos y diez agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal, según los resultados difundidos.
La muestra incluyó a trabajadores rurales, habitantes de localidades cercanas a fumigaciones y residentes de grandes ciudades. La responsable del sitio de estudio argentino es Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Aparicio enfrenta un sumario administrativo con pedido de exoneración, la sanción disciplinaria más grave para un trabajador del Estado, que implica el despido inmediato y la prohibición permanente de reingresar a organismos estatales.
El impacto global y las cifras
Las intoxicaciones con agrotóxicos alcanzan los 385 millones de casos cada año en todo el mundo y provocan 11 mil muertes por intoxicación aguda, según un estudio epidemiológico global publicado en 2020 en la revista científica BMC Public Health.
Informes de la ONU y la OMS advierten que las estadísticas de muertes por agrotóxicos presentan un subregistro debido a tres factores: subdiagnóstico en zonas rurales por falta de infraestructura médica o análisis toxicológicos; la brecha de atribución en la medicina, que rara vez registra la exposición ambiental acumulada como causa de muerte; y el denominado «efecto cóctel», que evalúa el riesgo de una molécula por separado e ignora la interacción de múltiples sustancias.
Los datos de SPRINT en Argentina
De la muestra total analizada (73 personas), el 100% mostró tener en sangre, orina y materia fecal entre dos y diez agrotóxicos. La muestra incluyó a trabajadores rurales, habitantes de localidades cercanas a fumigaciones y residentes de grandes ciudades.
Estos hallazgos desencadenaron el proceso disciplinario contra Virginia Aparicio. El trámite se inició durante la gestión del INTA en el gobierno anterior y continuó en la administración actual. Según el expediente tramitado ante la Asesoría Jurídica del INTA y la notificación formal enviada a Aparicio a mediados de 2023, las autoridades de la entidad argumentaron una supuesta ruptura de la cadena de mando. En ese documento oficial, la Presidencia del INTA fundamentó la prohibición de comunicar avances invocando la violación del Reglamento del Personal, que exige contar con el aval institucional previo de la Dirección Nacional antes de difundir datos de proyectos con financiamiento externo.
La palabra de la investigadora
Consultada por Perfil, Virginia Aparicio declaró: «No puedo atribuir intenciones que no puedo demostrar ni afirmar qué incomodó a determinadas personas o sectores. Sí puedo hablar de los hechos y de la secuencia que viví. SPRINT no fue una investigación clandestina ni una iniciativa personal. Fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, integrado por instituciones científicas de diez países europeos y Argentina. INTA participó institucionalmente y yo fui responsable del sitio de estudio argentino. El propio organismo había difundido públicamente el proyecto y sus objetivos».
«En 2023, cuando llegaron resultados individuales que debían ser comunicados a los voluntarios, esa devolución fue suspendida institucionalmente. Posteriormente, INTA resolvió retirarse del proyecto y se inició un proceso sumarial. Según la información que recibí extraoficialmente a través de APINTA, el Consejo Directivo trató el expediente a fines de agosto de 2026 y se habría avanzado con mi exoneración de la Administración Pública Nacional. Al momento de esta entrevista todavía no he recibido la notificación formal correspondiente. Más que especular sobre las motivaciones, creo que existe una pregunta de fondo que sí merece una discusión pública: ¿qué debe hacer una institución científica del Estado cuando una investigación produce resultados sensibles?», agregó.
Si bien se conocieron los argumentos vertidos en el expediente administrativo, el INTA no emitió ningún comunicado público en relación con las sanciones ni sobre los datos de SPRINT. Desde Perfil intentaron comunicarse con el área de prensa del organismo, pero no obtuvieron respuesta.
Un debate abierto sobre la producción y la salud
La presencia de dos a diez agrotóxicos en el 100% de los organismos analizados abre interrogantes sobre los efectos en la salud de la exposición a este «efecto cóctel» a corto y largo plazo y sobre las medidas para proteger a la población rural y urbana.
Especialistas señalan que existen alternativas viables como el uso de tecnología de precisión para aplicar químicos únicamente donde hace falta, la rotación de cultivos, el control de recetas con trazabilidad estricta y la fijación de zonas de resguardo en escuelas rurales y cursos de agua. A la vez, sugieren potenciar el uso de insumos biológicos y el manejo integrado de plagas para cuidar la salud sin comprometer la productividad.