La Sociedad Rural de San Pedro inició los primeros pasos para llevar a la Justicia su pedido de información sobre los recursos destinados a la red vial rural durante 2025 y 2026. El municipio sostiene que el costo del servicio supera la recaudación de la tasa.
La discusión por el estado de los caminos rurales y el destino de los fondos que pagan los productores para su mantenimiento dejó de ser un reclamo aislado y comenzó a convertirse en un problema recurrente en distintos municipios bonaerenses. En San Pedro, la controversia volvió a escalar esta semana cuando la Sociedad Rural local anunció que inició los primeros pasos para llevar a la Justicia su pedido de información sobre los recursos destinados a la red vial durante 2025 y 2026.
Bajo el título “Información pública: sin respuestas”, la entidad reclamó al municipio en un comunicado que precise cuánto dinero ingresó para atender los caminos rurales, cuánto se gastó, en qué conceptos y cuáles fueron los resultados concretos de esas inversiones. El pedido incluye información sobre combustibles, reparaciones, repuestos, maquinaria, personal, proveedores y trabajos realizados.
El planteo tiene una dimensión significativa en un distrito cuya red vial rural constituye una infraestructura esencial para la actividad agropecuaria. Según datos difundidos por el propio municipio, el partido de San Pedro cuenta con unos 1800 kilómetros de caminos rurales, de los cuales aproximadamente 1100 kilómetros corresponden a la jurisdicción municipal y otros 700 a la provincia.
«San Pedro viene siguiendo a otros municipios de la provincia de Buenos Aires que no tienen una contraprestación por el pago de la tasa red vial. Hace varios meses empezamos a pedirle al municipio una rendición de cuentas, a ver en qué gasta la plata que recuda en red vial y nos respondieron cosas que no eran lo que preguntábamos. El municipio tiene seis máquinas que hacen la tarea de mantenimiento, pero hoy solamente funciona una, hay cinco rotas. Los caminos no tienen mantenimiento hace años», contó el presidente de la Sociedad Rural local, Lisandro Gordó.
El número en conflicto
Uno de los datos que la Sociedad Rural reclama desagregar es el de $124,9 millones mensuales que, según información difundida, se destinan a combustibles, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento.
Los productores quieren saber quiénes fueron los proveedores, cuánto se pagó a cada uno, qué trabajos se realizaron y cuál es la documentación que respalda esas erogaciones.
Pero el pedido va más allá. La entidad solicita un detalle de los trabajos ejecutados durante 2025 y 2026, camino por camino y tramo por tramo, con fechas, kilómetros intervenidos, maquinaria utilizada, personal afectado y costos.
También reclama el inventario del parque vial municipal -marca, modelo, año, estado, horas trabajadas y períodos fuera de servicio- y el movimiento mensual del combustible: litros adquiridos, consumidos y destino asignado a cada máquina o vehículo.
La Sociedad Rural pretende además conocer cuánto se destinó en salarios al personal afectado al mantenimiento de los caminos y qué proporción de sus jornadas está efectivamente asignada a esa tarea.
Y pone bajo la lupa otro componente: los recursos provenientes de la Descentralización Tributaria Rural que la Provincia transfiere a los municipios. El pedido apunta a conocer las fechas y montos transferidos durante 2025 y 2026, su destino y su registro presupuestario.
«Anteriormente, respondieron lo que quisieron y no las preguntas que les hicimos. Lo que dijeron son mentiras, con solo mirar los caminos se ve que no han hecho nada, se han gastado la plata en cualquier otra cosa pero menos en la red vial. Respondieron públicamente agrediendo al sector productivo y a la Sociedad Rural, nada más. Nosotros peticionamos por un mejor estado de los caminos y la aclaración de qué hicieron con la plata. Porque los caminos están detonados, los que eran caminos reales se transformaron en sendas, un desastre», señalan los productores de la entidad sampedrina.
Lo que quieren saber, y con detalles, es: ¿cuánto dinero ingresó para la red vial rural, cuánto se gastó, en qué se gastó y cuántos kilómetros se intervinieron efectivamente?
La cobrabilidad
La controversia tiene, sin embargo, otra cara. El municipio de San Pedro sostiene que el costo de mantener la red vial supera los recursos que genera la tasa y atribuye buena parte del deterioro financiero a la caída de la cobrabilidad.
Según datos oficiales difundidos durante este año, el costo promedio mensual de prestación del servicio ronda los $165 millones. En 2025, la recaudación de la tasa alcanzó, según la Rendición de Cuentas y los informes económicos municipales, unos $46,2 millones mensuales en promedio, equivalentes a alrededor del 28% del costo del servicio. La cobrabilidad de la tasa se ubicó en 66,5%.
El Ejecutivo municipal también informó que la cobrabilidad, que en 2020 había llegado al 88,7%, cayó hasta alrededor del 62% durante el primer semestre de 2026. Desde la administración local argumentan que esa menor recaudación limita la capacidad para sostener la red vial.
«Históricamente, en San Pedro, la tasa de alta recaudación fue de más del 70 %. Pero, a partir de que no hay una contraprestación, los productores han ido dejándola de pagar», explicó Gordó.
Además, el municipio asegura que durante 2026 realizó distintas intervenciones en caminos del partido y detalló tareas de perfilado, conformación de calzadas, reconformación de cunetas, limpieza de desagües, aporte de material, compactación, nivelación y mantenimiento de alcantarillas, entre otras.
Ahora, los productores quieren poder verificar con documentación la relación entre los recursos ingresados y el servicio efectivamente prestado.
Una discusión que se repite en el norte bonaerense
San Pedro no es un caso aislado. En los últimos meses, reclamos similares se multiplicaron en otros distritos productivos del norte bonaerense. En Rojas, la Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria recurrieron a la Justicia después de no obtener la información solicitada al municipio sobre distintas tasas vinculadas con la actividad rural.
En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín ordenó al municipio entregar información sobre los recursos recaudados y su utilización. El pedido incluye datos sobre la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial, otros tributos rurales, fondos de origen provincial o nacional, trabajos realizados, personal, salarios, maquinaria y gastos de mantenimiento.
El caso de Colón tomó incluso otro camino judicial. Allí, una sentencia ordenó al municipio reparar y mantener transitables los caminos de acceso a un establecimiento rural, después de una demanda iniciada en 2017. El fallo consideró que no había podido acreditarse adecuadamente la prestación del servicio de conservación de la red vial y reconoció el derecho del establecimiento a contar con caminos transitables.
A partir de ese antecedente, productores y la Sociedad Rural de Colón comenzaron a analizar nuevas acciones para obtener información sobre los fondos recaudados y, eventualmente, extender el reclamo al conjunto de la red vial del distrito.
Un problema productivo y más
Detrás de la discusión tributaria existe un problema mucho más concreto para el campo. Un camino rural en malas condiciones no implica solamente dificultades para circular. Puede significar mayores costos de flete, imposibilidad de sacar una cosecha en tiempo y forma, dificultades para ingresar con maquinaria o insumos y problemas para movilizar hacienda. También afecta el acceso de trabajadores, docentes, ambulancias y servicios básicos a los establecimientos rurales.
«Nosotros arrancamos temprano con los pedidos, con el intercambio con el municipio, previendo que el año Niño sería un problema. Acá tenemos algunas economías regionales, básicamente, fruta y batata, que no pueden esperar para cargar, y en días de lluvia se rompen los caminos», señaló Gordó.
Por eso, el debate sobre la tasa vial tiene una dimensión económica que excede largamente la discusión entre productores y municipios.
«Queremos poder entrar y salir del campo, que nuestros caminos rurales nos permitan el acceso y la seguridad de los productores, y no solo de ellos, porque los caminos rurales son usados por muchísima gente que no los son, y el mal estado hace que no se puedan utilizar. Y no solo que no se puedan utilizar para transitar, sino tampoco ante una emergencia: ¿cómo acceden las las ambulancias en caso que alguien lo necesite? es prácticamente imposible», expresaron los productores locales.
San Pedro, ante una nueva instancia
En San Pedro, la Sociedad Rural sostiene que viene solicitando información desde diciembre de 2025 y que reiteró el pedido en febrero de este año mediante un pronto despacho. La entidad cuestionó en julio los datos municipales sobre la cobrabilidad de la tasa y sostuvo que esos porcentajes no reflejaban, a su criterio, la realidad del servicio prestado.
El municipio, por su parte, respondió durante agosto con información sobre la extensión de la red, los trabajos realizados y el costo del servicio, y sostuvo que determinados pedidos -como el detalle de cheques y transferencias- excedían el objeto de la solicitud de información pública.
Ahora la Sociedad Rural vuelve a poner el tema sobre la mesa y anuncia que avanzará por las vías institucionales y legales que correspondan.
«En la Comisión pensamos en pasar de a etapa de diálogo que venimos teniendo a una etapa judicial. Hay algunos municipios donde la Justicia le está dando la razón a las Rurales», sostuvo el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro. El antecedente de Rojas resulta particularmente significativo porque la Justicia consideró que las entidades rurales tenían derecho a acceder a información que les permitiera conocer cuánto se recauda y cómo se utilizan esos recursos.
«Otra opción es la de los consorcios camineros, que sería como privatizar y que la Rural manejara eso. Ramallo tuvo experiencia en ese sentido. Pero no está en el ánimo de esta Comisión Directiva ir por ese lado. Lo que queremos es hacer cumplir la ley: que el municipio recaude una tasa y que brinde la contraestación.», indicó Gordó.
La discusión es qué recursos genera la red vial rural, cómo se administran, cuánto se invierte en mantenerla y qué resultados concretos recibe el productor que paga la tasa.
En un contexto en el que los caminos rurales son una pieza indispensable de la logística agropecuaria, la exigencia de información dejó de ser un reclamo exclusivamente sectorial. Para los productores, conocer los números es también una forma de determinar si existe correspondencia entre lo que se paga, lo que se recauda y el camino que finalmente se puede transitar.