Una investigación de The New York Times y San Antonio Express-News reveló que más de 47.000 estudiantes de entre 10 y 13 años fueron derivados al sistema de justicia juvenil de Texas desde el ciclo lectivo 2014-2015 por conductas como peleas, uso de vaporizadores con cannabis o amenazas en el ámbito escolar. Muchas de estas derivaciones comenzaron con arrestos y esposas.
En Texas, más de 47.000 niños de 10 a 13 años fueron derivados al sistema de justicia juvenil desde 2014 por conductas ocurridas en el ámbito escolar, como peleas, uso de vaporizadores con cannabis o amenazas, según una investigación de The New York Times y San Antonio Express-News, difundida por The Texas Tribune. El análisis revisó registros del Departamento de Justicia Juvenil de Texas correspondientes a los ciclos lectivos desde 2014-2015.
Durante el ciclo 2024-2025, unos 4.800 alumnos de esa franja etaria fueron derivados para una posible acusación penal, cerca de un tercio más que una década antes. La edad mínima para ingresar al sistema juvenil texano es de 10 años; a partir de los 17, los estudiantes pueden ser tratados como adultos. Una derivación no implica necesariamente una condena: puede terminar en una advertencia, terapia, servicios comunitarios o supervisión judicial, pero suele iniciarse cuando un agente pone al menor bajo custodia.
El incremento entre los niños de 10 a 13 años superó tanto la suba de casos entre alumnos mayores como el crecimiento de la matrícula. Los estudiantes negros fueron derivados aproximadamente al doble de la tasa de los alumnos blancos e hispanos, aunque los expedientes aumentaron entre menores de todos los grupos raciales. Después del retorno a la presencialidad tras la pandemia de COVID-19, las escuelas registraron más peleas, pero el alza de las derivaciones de los chicos más pequeños fue más acelerada.
Unos 60 distritos, que concentran cerca de una cuarta parte del alumnado estatal, explicaron buena parte de la tendencia tras ampliar la presencia policial en primarias y secundarias o endurecer los criterios de intervención. La expansión coincidió con las medidas de seguridad impulsadas luego del tiroteo de 2022 en la escuela Robb de Uvalde. En 2023, Texas aprobó una ley que exige que cada escuela pública cuente con un agente.
El representante estatal demócrata por El Paso, Joe Moody, copatrocinador de la norma, calificó de alarmante el aumento de derivaciones de niños pequeños. «Nadie debería querer eso como resultado de lo que hicimos», declaró Moody a los medios que realizaron la investigación. El legislador adelantó que buscará imponer límites más claros a la actuación policial en los campus cuando la Legislatura se reúna en enero.
La mayor parte de los menores fue acusada por amenazas, uso de vaporizadores con cannabis o agresiones contra compañeros y personal escolar. Pocos casos incluyeron lesiones físicas graves. Entre los expedientes examinados figuran el de un niño de 11 años que chocó contra una consejera cerca de Austin y el de otro de 10 que dijo falsamente haber visto a una persona armada en un campus de Victoria. También fue derivado un alumno de 10 años de El Paso que pateó a una subdirectora después de que le retiraran el teléfono celular. El caso se desestimó dos meses más tarde, pero su madre, Grace Lee-Vazquez, pagó miles de dólares en gastos legales. Según contó, el niño —con trastorno por déficit de atención e hiperactividad— desarrolló ansiedad frente a la escuela y bajó sus calificaciones. El distrito no respondió preguntas sobre ese episodio y sostuvo que mantiene su compromiso con ambientes de aprendizaje seguros e inclusivos. Lee-Vazquez describió el impacto en su familia como devastador y afirmó que se mudaron fuera del estado en junio para comenzar de nuevo.
Hay situaciones que involucran hechos de mayor gravedad. En 2025, un alumno de 11 años de la escuela Harris Middle, en San Antonio, fue acusado de portar un arma en un lugar prohibido después de que las autoridades encontraran una pistola en su mochila. Sin embargo, el juez juvenil William Shaw consideró que numerosos expedientes podrían haberse resuelto dentro de la escuela. «Los chicos a veces no se llevan bien. Pueden terminar empujándose, tal vez incluso peleando. No es necesario arrestarlos», señaló.
El caso de una alumna de 12 años de Central Middle, en Galveston, muestra cómo una sanción escolar puede terminar en una acusación penal. La menor, cuya identidad se mantiene en reserva, tenía un diagnóstico de trastorno de conducta y fue enviada a la oficina de la directora durante su primera semana de clases, en agosto de 2024, por ser considerada disruptiva. La escuela la suspendió y le indicó que esperara a su madre en el vestíbulo. Al negarse, intervino el agente escolar Vincent Ramirez. Según las imágenes de su cámara corporal, una administradora sostuvo que la madre había autorizado el uso de esposas y otro empleado advirtió a la niña que podía ser arrestada si no obedecía. «Tenés cuatro segundos para caminar hasta allí. De lo contrario, voy a ponerte esposas y vamos a darte un paseo», le dijo Ramirez. Un minuto y medio después, el agente le quitó la mochila rosa y le esposó las muñecas detrás de la espalda, de acuerdo con la grabación. La estudiante fue trasladada a la sede de la policía escolar de otro campus. Allí rechazó colocar la mano en el lector de huellas; las imágenes muestran que dos agentes le llevaron el brazo hacia atrás hasta que gritó y accedió. La jefa de policía del distrito, Josette Rivas, levantó luego un celular mientras la niña lloraba e insultaba; dijo que grababa para Facebook. Ramirez y Rivas no hicieron comentarios. El superintendente de Galveston, Matthew Neighbors, afirmó que los agentes actuaron con calma y respeto y negó que el video de la menor se hubiera difundido en internet. La niña fue acusada de ingreso indebido, se declaró culpable y recibió un año de libertad condicional. Dos exjefes de policía escolar consultados por los diarios consideraron innecesarios tanto el arresto como la derivación judicial. Su madre, Laquital Thompson, explicó que aceptó las esposas porque en ese momento no quiso cuestionar a la administradora. Luego se preguntó por qué se llamó a la Policía para una situación que, a su juicio, podía resolverse si su hija esperaba en silencio en un pasillo. Tras el episodio, dijo, la estudiante tuvo más problemas para concentrarse en clase. «Simplemente se rindió».
La legislación estatal ordena a los policías escolares mantenerse al margen de la disciplina estudiantil rutinaria, aunque no define qué conductas integran esa categoría ni prevé castigos por infringirla. Para Phillip Lyons, decano de la Facultad de Justicia Penal de la Universidad Estatal Sam Houston y exdetective especializado en casos juveniles, la presencia de agentes puede transformar faltas menores en asuntos penales. «Si no hay tiradores, los policías harán lo que hacen los policías, y eso es arrestar», afirmó.
Las acusaciones por «amenaza terrorista» contra alumnos de 10 a 13 años se triplicaron en diez años y superaron las 600 anuales en el estado. Algunas investigaciones permitieron evitar posibles ataques, como la de un adolescente de 13 años acusado de planear un atentado en una secundaria de San Antonio en 2025. Otras derivaron de bromas, discusiones o reacciones de ira. En febrero de 2025, un alumno de 12 años con discapacidad intelectual y autismo tuvo una crisis en una secundaria de Lubbock después de que una asistente desconectara un teléfono del aula que quería utilizar. «Respetame o estás muerto», le dijo a la trabajadora. Registros policiales señalan que dos agentes lo derribaron sujetándolo de la sudadera y lo esposaron. Su madre, Colette James, relató que el niño quedó aterrorizado por la Policía, dejó de ir a la iglesia porque había agentes contratados como refuerzo de seguridad y, durante un período, durmió en la cama de sus padres. En Corpus Christi, un chico de 13 años pasó casi dos semanas en un centro juvenil tras gritar «te voy a matar» a compañeros que, según su madre, lo habían golpeado. El juez juvenil Timothy J. McCoy explicó que a veces dispone la retención de menores que hacen amenazas para facilitar el acceso a terapia y comprobar que no las lleven a la práctica. El adolescente de Corpus Christi dijo desde su celda que había hablado por enojo y que no debió hacerlo. Ese día, cerca de la mitad de los jóvenes alojados en el centro levantó la mano cuando un periodista preguntó cuántos estaban detenidos por incidentes escolares.
Algunos distritos defienden las derivaciones como una oportunidad para que los alumnos aprendan de sus errores. En Corpus Christi, el jefe del departamento de seguridad escolar y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Distritos Escolares de Texas, Kirby Warnke, sostuvo ese enfoque. Allí, las derivaciones de niños pequeños se duplicaron durante la década y marcaron un récord de 171 en 2022-2023, una cifra superior a la de Houston y Dallas, pese a que esos distritos tienen más de cuatro veces la matrícula. El distrito de Forney, al este de Dallas, creó su propio cuerpo policial en 2020 y endureció su respuesta ante amenazas y actos violentos. En el ciclo siguiente, sus agentes derivaron a 42 alumnos de 10 a 13 años, más que el total acumulado en los seis años anteriores. Joseph Sanders, entonces jefe policial del distrito, resumió la política con la frase: «Simplemente fijamos el tono y lo fijamos temprano».
Wichita Falls tomó la dirección opuesta. Al asumir en 2022, el superintendente Donny Lee dijo que los agentes escolares «arrestaban primero a los chicos y preguntaban después». Contrató a un nuevo jefe de Policía, reemplazó a la mayoría de los agentes y estableció revisiones periódicas de los datos de intervención. Las derivaciones disminuyeron entre estudiantes de todas las edades y, entre los menores de 13 años o menos, bajaron de cerca de 100 a 44 casos. En vez de recurrir de inmediato a la justicia juvenil, el distrito aplicó suspensiones dentro de la escuela, tareas comunitarias y orientación psicológica. «No estamos en el negocio del delito y el castigo», dijo Lee. «Estamos en el negocio de la educación».