El Tribunal Oral Federal N.º 5 autorizó la participación virtual de Cristina Fernández de Kirchner y del diputado nacional Máximo Kirchner en la primera audiencia del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, que comenzará este viernes 23 de octubre a las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) autorizó a Cristina Fernández de Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la primera audiencia del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la expresidenta.
La resolución, adoptada por mayoría, les permitirá seguir de manera remota la audiencia prevista para este viernes 23 de octubre a las 10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, donde comenzará la lectura de las acusaciones. La autorización no implica que el proceso vaya a desarrollarse íntegramente por videoconferencia: la modalidad virtual fue habilitada de manera excepcional para esta etapa inicial, mientras que las instancias posteriores, incluidas las declaraciones indagatorias, deberán realizarse presencialmente según lo dispuesto por el tribunal.
La decisión se conoció después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara reunir ambos expedientes en un único debate oral y público, una determinación que modificó la organización prevista inicialmente para el juicio. El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, resolvió mantener la fecha de inicio del debate pese a las dificultades logísticas que generó la unificación de las causas a pocos días de la audiencia. Michilini y Machado Pelloni conformaron la mayoría favorable a permitir la conexión remota durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras que Palliotti votó en disidencia y sostuvo que los acusados debían presentarse personalmente desde el comienzo del proceso.
La defensa de Cristina Kirchner y su hijo había solicitado previamente la autorización para participar a distancia. Entre los argumentos planteados figuraban las dificultades operativas del traslado de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria, y la necesidad de compatibilizar las obligaciones parlamentarias de Máximo Kirchner con el desarrollo del proceso. Los abogados sostuvieron que la participación por medios telemáticos permitiría garantizar el derecho de defensa sin perjudicar a las demás partes.
La trascendencia de la decisión excede la cuestión operativa de cómo se desarrollará la primera audiencia, porque marca el comienzo de un juicio de alto impacto político y judicial que reúne dos investigaciones sobre el patrimonio y las actividades comerciales de la familia Kirchner. Hotesur es la sociedad vinculada con la explotación hotelera, mientras que Los Sauces es una firma inmobiliaria utilizada para administrar propiedades y percibir alquileres. La hipótesis central de la acusación es que parte de los ingresos obtenidos por esas empresas a través de contratos con empresarios beneficiados por negocios con el Estado habría servido para introducir en el circuito legal fondos de presunto origen ilícito.
La investigación procura determinar si los contratos de alquiler, las operaciones inmobiliarias y los negocios hoteleros respondieron a actividades comerciales genuinas o si formaron parte de un mecanismo para disimular el origen del dinero y beneficiar económicamente a los integrantes de la familia presidencial. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas durante el juicio y sobre las cuales el tribunal deberá resolver a partir de la prueba incorporada y de los argumentos de las partes.
En el expediente Hotesur, la investigación se concentra en la administración y explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, vinculados con el patrimonio de los Kirchner, y en las operaciones comerciales realizadas a través de Valle Mitre, una empresa relacionada con el empresario Lázaro Báez. Según la acusación, empresas vinculadas con Báez habrían reservado habitaciones en esos establecimientos sin utilizarlas efectivamente, mediante operaciones que habrían permitido transferir ingresos a las sociedades de la familia.
Según la investigación, los Kirchner habrían recibido más de $28 millones entre 2008 y 2015 por este circuito de negocios. La fiscalía sostiene que esos pagos deben analizarse en relación con los contratos de obra pública que beneficiaron a empresas de Báez y con las presuntas irregularidades por las que el empresario fue condenado en otras causas. La cuestión que deberá establecerse en este proceso es si existió una conexión delictiva entre esos ingresos y las operaciones hoteleras investigadas.
La causa Los Sauces, por su parte, analiza los alquileres de propiedades pertenecientes a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Báez y con el empresario Cristóbal López, además de su socio Fabián De Sousa. La acusación pone el foco en los pagos por alquileres, las relaciones comerciales entre las sociedades y las operaciones financieras que habrían permitido canalizar fondos hacia el patrimonio familiar. Para los investigadores, los contratos podrían haber funcionado como una vía para disimular el origen de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre los elementos que se analizarán figuran movimientos bancarios, cheques, contratos de locación, facturas y operaciones inmobiliarias. También se examinan adquisiciones y obras realizadas sobre propiedades vinculadas con la familia, así como la intervención que habría tenido el primogénito de los Kirchner en la administración y el funcionamiento de las sociedades. La fiscalía le atribuye responsabilidades en el presunto esquema, pero la existencia de los delitos y la participación penal de cada acusado deberán ser determinadas judicialmente.
La decisión de reunir ambos expedientes fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que existían conexiones suficientes entre las investigaciones como para que fueran analizadas en un único debate. Entre los puntos en común se encuentran los imputados, las empresas involucradas, los vínculos comerciales y la hipótesis de una misma matriz de circulación de fondos. Entre los principales acusados, además de Cristina y Máximo Kirchner, se encuentran Lázaro Báez y Cristóbal López, junto con otros empresarios y personas vinculadas con la administración de las sociedades.