Al cierre de su 82ª Asamblea General, realizada en Bogotá, la organización denunció el asesinato de nueve periodistas en los últimos seis meses, el avance del acoso judicial y las restricciones a la libertad de prensa en distintos países de la región.
BOGOTÁ.– La violencia contra los periodistas, las crecientes presiones de los gobiernos sobre los medios independientes y el avance de las restricciones a la libertad de expresión marcaron las conclusiones de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que finalizó este domingo en la capital colombiana. La organización advirtió sobre un deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el continente y reclamó mayores garantías institucionales para proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Durante los últimos seis meses, nueve periodistas fueron asesinados en distintos países de América: tres en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, uno en Perú y otro en Haití. En este último país, además, continúa desaparecido desde el 12 de septiembre el periodista Wesly Renaud Jean. Los casos reflejan la persistencia de la violencia física como una de las principales amenazas para el ejercicio de la profesión.
Las conclusiones, presentadas por Daniel Dessein, del diario La Gaceta, de la Argentina, también pusieron el foco en el crecimiento de los discursos hostiles desde el poder político, las descalificaciones oficiales, el acoso judicial y las restricciones al acceso a la información pública. Según la SIP, estas prácticas configuran un escenario cada vez más adverso para los medios independientes.
En el caso de la Argentina, la organización alertó sobre la persistencia de las descalificaciones oficiales contra periodistas y medios de comunicación. También expresó preocupación por un proyecto presentado por el Gobierno para sancionar la denominada “desinformación masiva” y la “manipulación de la opinión pública”, que contempla penas de prisión y cuya formulación, según la entidad, presenta una peligrosa ambigüedad.
En Colombia, la SIP señaló que continuaron las expresiones estigmatizantes contra periodistas provenientes de distintos sectores políticos. En Costa Rica, en tanto, advirtió sobre los cuestionamientos a medios independientes y las restricciones al acceso a la información pública.
La situación de Estados Unidos también ocupó un lugar destacado en el documento. La organización manifestó su preocupación por la exclusión de medios de determinadas coberturas oficiales, las restricciones impuestas en el Pentágono y las presiones sobre las fuentes confidenciales de los periodistas.
El avance del acoso judicial y las restricciones
El uso de mecanismos judiciales y regulatorios para condicionar la actividad periodística constituye otra de las tendencias identificadas por la SIP.
En Brasil, la entidad registró decisiones judiciales que afectaron la protección del secreto de las fuentes y ordenaron retirar publicaciones. También informó que, durante un período de cuatro semanas, se contabilizaron 7030 ataques digitales contra periodistas, dirigidos especialmente contra mujeres.
En Panamá, persistieron las demandas por calumnias e injurias acompañadas de reclamos económicos millonarios. En Perú, la organización manifestó inquietud por las querellas judiciales, las restricciones a la información y la aplicación del denominado derecho al olvido.
El informe también mencionó presiones contra el periodismo en Paraguay y restricciones informativas en Canadá y Puerto Rico.
Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador, entre los casos más graves
La SIP dedicó especial atención a los países donde las restricciones a la libertad de prensa adquieren características sistemáticas y afectan directamente la posibilidad de ejercer el periodismo independiente.
En Cuba, la organización denunció una intensificación de las detenciones y los procesos penales contra periodistas. Entre los casos destacados figura el de Henry Constantín, vicepresidente regional de la SIP para ese país, encarcelado desde el 16 de septiembre.
En Nicaragua, más de 300 periodistas y trabajadores de medios debieron exiliarse desde 2018. La organización señaló, además, que once departamentos del país son considerados zonas de silencio informativo y que los periódicos impresos dejaron de circular.
En El Salvador, se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa entre enero y mediados de julio de este año, mientras que por lo menos 40 periodistas se vieron obligados a abandonar el país.
En Venezuela, pese a algunas liberaciones y al levantamiento parcial de bloqueos informativos, la SIP advirtió que persisten la censura digital y las estructuras de control sobre la circulación de información.
La crisis económica y los desafíos de la inteligencia artificial
Más allá de la violencia y las presiones políticas, la organización alertó sobre las consecuencias de la precariedad económica que atraviesan numerosos medios de comunicación del continente, con impacto directo sobre el acceso de las comunidades a información de calidad.
En Bolivia, el diario Opinión suspendió su edición impresa después de 41 años, mientras que Correo del Sur enfrenta procesos que amenazan su continuidad. En Puerto Rico, los diarios El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de circular en papel.
La pérdida de puestos de trabajo en las redacciones y la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de presión también forman parte de las preocupaciones expresadas por la entidad.
En el terreno tecnológico, la SIP reconoció que la inteligencia artificial plantea nuevas oportunidades para la actividad periodística, pero advirtió sobre la ausencia de mecanismos adecuados de compensación por la utilización de contenidos producidos por los medios de comunicación.
Avances institucionales en la protección del periodismo
Pese al panorama adverso, las conclusiones de la asamblea también destacaron algunas decisiones institucionales favorables para la protección de la libertad de prensa.
En Colombia, la Fiscalía priorizó la investigación de delitos cometidos contra periodistas y la Corte Constitucional adoptó una decisión que protege a las mujeres periodistas frente a expresiones estigmatizantes.
En Chile, la Justicia condenó la interceptación ilegal de las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel, mientras que en República Dominicana el Tribunal Constitucional respaldó la permanencia de información de interés público en los archivos digitales de los medios.
Al finalizar el documento, la SIP subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y las garantías para el ejercicio del periodismo en toda la región.
“Estas son señales que recuerdan que la defensa de la libertad de prensa exige instituciones activas, garantías efectivas y una sociedad comprometida con el derecho ciudadano a estar informado”, sostuvo la organización en las conclusiones de su 82ª Asamblea General.