Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron desde Plaza Houssay hasta Tribunales para reclamar la aplicación de la norma. Al llegar, realizaron una clase pública y dejaron velas encendidas.
Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezados por sus representaciones gremiales ADUBA, APUBA y FUBA, se movilizaron este lunes desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales en la denominada Marcha de las Velas.
La convocatoria se realizó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según señalaron desde esa casa de altos estudios a través de un comunicado, el Gobierno Nacional «no aplica [la ley] desde hace más de un año, desconociendo todas las instancias legislativas y judiciales que la avalan».
Al llegar a Tribunales, se realizó una clase pública de Derecho Constitucional a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. Al concluir el encuentro, los participantes cantaron el himno nacional y dejaron sus velas encendidas frente al Palacio de Justicia.
El conflicto
La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal negativo.
Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y no docentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.