El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido el sábado tras ser destituido el viernes por juicio político. Se le imputan los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco del escándalo financiero de Ueno Bank.
El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue detenido el sábado por la tarde luego de ser destituido el viernes mediante un juicio político vinculado al escándalo financiero de Ueno Bank. Actualmente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde se le permite utilizar su teléfono celular y recibir visitas.
Según declaraciones del exmandatario recogidas por medios locales, cuando se le comunicó que debía ser esposado para trasladarse al despacho del juez en el Palacio de Justicia de Asunción, manifestó: «No puede ser ko, soy un expresidente de la República». «Ko» es una expresión coloquial del Paraguay que proviene de una mezcla entre el guaraní y el español y se utiliza para enfatizar lo que se dice.
El protocolo obligatorio para cualquier procesado que se desplace dentro del edificio establece el uso de esposas. De acuerdo con el medio local N9, los funcionarios de seguridad convencieron a Peña de que serían solo unos minutos. El exmandatario puso las manos hacia atrás y un policía le colocó las esposas. Caminó desde el estacionamiento hasta el ascensor y luego por el pasillo del cuarto piso hasta la oficina del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Una vez allí, le retiraron las esposas. No se permitió tomar fotos ni grabar videos del recorrido; las únicas imágenes dentro del despacho las tomó el equipo de prensa del Poder Judicial.
Peña fue destituido el viernes 6 de noviembre y se ordenó que permaneciera en su domicilio en el barrio Mbocayaty de Asunción. Sin embargo, un grupo de manifestantes lo esperaba y la Policía tuvo que evacuarlo hasta el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde pasó su primera noche detenido con su esposa, Leticia Ocampos Villate.
Durante la mañana del sábado, fue llevado a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se realizó la audiencia de declaración indagatoria. Allí se abstuvo de declarar, según detalló el portal paraguayo abc.com.py. Ingresó en una camioneta por un acceso reservado, sin esposas y con una discreta custodia, lo que generó malestar en algunas de las víctimas del caso Ueno Bank que se manifestaban frente a la Fiscalía para exigir la devolución de su dinero y castigo para los responsables.
Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez solicitaron la prisión preventiva. Para la Fiscalía, Peña «cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria», además de tener «logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional» y un «acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas». Los fiscales también advirtieron que los delitos imputados podrían otorgar al exmandatario «hasta 15 años de privación de libertad» y que la severidad de la sanción «debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso».
El imputado fue presentado el sábado por la tarde al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto René Otazú Fernández, en el edificio del Poder Judicial, donde debió movilizarse con esposas. Fue llevado en su camioneta Toyota Land Cruiser negra, blindada, conducida por un chofer militar, con el teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez a bordo, quien hasta el día anterior se desempeñaba como jefe de seguridad de Peña. El vehículo estuvo escoltado por varios móviles policiales.
En el estacionamiento del subsuelo, funcionarios de seguridad del Poder Judicial le comunicaron que, al estar procesado, debía ser esposado para entrar al despacho del juez, conforme al protocolo. Allí se produjo la queja del exmandatario. En la oficina del magistrado lo esperaba su abogado, Ricardo Alberto Preda Del Puerto. Al igual que en la Fiscalía, Peña se abstuvo de declarar en el Juzgado.
La prisión preventiva ordenada por el juez Otazú debe cumplirse en el Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña ya permanecía desde la noche del viernes y donde dispone de una habitación suite destinada a los presidentes en ejercicio. El comandante de la unidad, coronel José Dayub, brindó detalles sobre las condiciones en diálogo con la radio 1020 AM. Señaló que Peña tiene permitido recibir visitas y utilizar su teléfono celular, conforme a la disposición judicial que contempla la condición de «libre comunicación». Aclaró que actualmente no hay otras personas privadas de libertad en el recinto y que el REP no dispone de instalaciones penitenciarias propiamente dichas. «En realidad nosotros lo que tenemos son dormitorios, no tenemos algún local con rejas ni cosas así. Un dormitorio con una puerta normal, con llave, eso administramos nosotros», afirmó Dayub.
Respecto a la alimentación, Dayub comentó que ofreció a Peña la posibilidad de recibir desayuno, almuerzo y cena preparados por la institución, pero el exmandatario manifestó que solicitará a su familia la comida. Según el comandante, los alimentos serían llevados al recinto por sus familiares en horarios aproximados de las 08:00, al mediodía y entre las 18 y las 19 horas. Sobre la posibilidad de que Peña pueda caminar o realizar actividades físicas dentro del predio militar, Dayub indicó que existen condiciones para ello, aunque debía consultar si la disposición judicial lo permite.