La norma, aprobada por unanimidad, establece reglas permanentes para la pensión no contributiva, permite compatibilizar el beneficio con empleo registrado y fija plazos para regularizar pagos a prestadores. El Gobierno tiene 30 días hábiles para reglamentarla.
El Senado sancionó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, que reemplaza la lógica de prórrogas anuales de emergencia por reglas estables y permanentes. El texto, que el Gobierno deberá reglamentar en 30 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial, abarca pensiones no contributivas, compatibilidad con el empleo y obligaciones para los prestadores de servicios.
Pensiones no contributivas
La ley garantiza la continuidad de la pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad. Su monto queda atado al 70% de una jubilación mínima y se actualiza de forma automática según la movilidad previsional. Para tramitarla se requiere el Certificado Único de Discapacidad (CUD), una evaluación socioeconómica y, en el caso de ciudadanos extranjeros, acreditar al menos cinco años de residencia legal continuada en el país.
Compatibilidad con el trabajo
El beneficio es compatible con un trabajo registrado, el monotributo o el régimen general, siempre que los ingresos netos individuales no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (unos 782.000 pesos actualmente). Si el titular supera ese límite, el pago se suspende automáticamente mientras dure esa situación y se reanuda cuando se quede sin trabajo o bajen sus ingresos.
Prestadores de servicios
La norma establece un nomenclador único con aranceles unificados y actualización automática por movilidad. Además, obliga al Ejecutivo a ordenar la deuda acumulada: si al entrar en vigencia quedan compensaciones pendientes de la emergencia anterior, el Gobierno tendrá 30 días corridos para publicar un cronograma de pagos y deberá cancelar el 100% de esa deuda en un plazo máximo de 90 días corridos. Se mantiene la cobertura médica del Programa Federal Incluir Salud para quienes cobran pensión y no tienen obra social.
Controles y debido proceso
La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas cruzando datos con la ANSES, la agencia recaudadora ARCA, el ReNaPer y el SINTyS. Si detecta que un beneficiario dejó de cumplir los requisitos, podrá suspender el pago de manera preventiva, con notificación al titular, plazo para presentar descargos y habilitación del cobro provisorio mientras se revisa el reclamo.
Candado presupuestario
El Congreso incluyó una cláusula que prohíbe que el ingreso real por beneficiario caiga respecto del año anterior y obliga a la Jefatura de Gabinete a reasignar fondos del Tesoro si el Ministerio de Salud no cuenta con partidas suficientes. También exige la publicación de estadísticas abiertas sobre aranceles, ejecución de fondos y cantidad de pensiones otorgadas.
Datos del sector
Según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano relevados por Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez bajó un 5,9% hasta cerca de 1,14 millones de beneficiarios, mientras que el haber promedio perdió un 14,2% de poder de compra frente a la inflación. Más de 200.000 solicitudes esperan respuesta.
En el debate en el Senado, donde la ley obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, el senador Agustín Monteverde citó cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que estiman un gasto de 1,2 billones de pesos para 2027. La senadora Alicia Kirchner advirtió que las 427 oficinas de la ANSES pueden quedar desbordadas para gestionar los trámites, ya que casi el 43% se concentra en la provincia de Buenos Aires. La senadora radical Mariana Juri pidió asegurar en Diputados que los fondos acompañen lo votado, tras un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que advirtió un recorte real del 13,9% en el proyecto de Presupuesto 2027 para el Programa Federal Incluir Salud respecto de 2026.
