Este martes el Gobierno anunció la designación del nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla . En conferencia, el vocero Manuel Adorni dió la noticia: «el procurador del Tesoro lo que debe hacer es defender los intereses de la Nación. Es un abogado especializado en derecho administrativo y diplomado en derecho constitucional y procesal”. Resulta que el principal socio del nuevo funcionario defendió a un fondo buitre en el juicio más grande que afronta Argentina.
Castro Videal es socio de Alberto B. Bianchi, un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF en el que reclaman más de 16 mil millones de dólares en el juicio por la expropiación de la petrolera. El fondo había elegido a Bianchi junto a Alejandro Garro y Alfredo Rovira como expertos jurídicos para declarar acerca de la legislación argentina, jugando un rol “casi protagónico» en el litigio.
El litigio continúa y el fondo buitre está buscando cómo cobrar ese dinero mientras pide embargos contra la Argentina. Recientemente la Justicia de Estados Unidos ordenó al gobierno de Javier Milei (a pedido de Burford) entregar un informe sobre el destino del oro de las reservas del Banco Central que Caputo movilizó el año pasado hacia el exterior. Además, los tribunales norteamericanos rechazaron un pedido de la Argentina para evitar presentar garantías en el juicio, esto implica que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.
Saqueadores
El detalle en el curriculum del nuevo Procurador saltó a la vista y abrió la polémica por conflicto de intereses. También no se descarta que Castro Videla haya cobrado regalías por asesorar en la preparación del juicio de Burford contra YPF.
Santiago Castro Videla, el nuevo Procurador del Tesoro designado por Milei, tiene relación con uno de los fondos que litiga en el juicio de YPF, uno de los más costosos que enfrenta el país. Están rematando todo. pic.twitter.com/zYpIkEYKOz
— Myriam Bregman (@myriambregman) January 30, 2025
El juicio tiene un fallo de primera instancia donde la jueza norteamericana Loretta Preska da la razón al demandante, Buford Capital. Este fondo se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas en el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores, en criollo, un fondo buitre.
Buford compró los derechos que Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park tenían en la compañía YPF (el 25% de las acciones), por lo cual pasó a ser parte de la causa. De conseguir un fallo a su favor, los Eskenazi, antiguos dueños de estas empresas, se quedarían con un 30 % del cobro.
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El segundo en la Procuraduría, Andrés de la Cruz, también está envuelto en cuestionamientos por los lazos que lo unían con el Grupo Petersen, asociado a la familia Ezkenazi, pero nunca se excusó. Trabajó durante años como abogado de los Eskenazi en el estudio Cleary Gottlieb. Hoy de la Cruz es el encargado de litigar a favor del Estado contra sus antiguos clientes, que se beneficiarán del resultado que obtenga Burford. De la Cruz había sido elegido por el ministro de Economía Luis Caputo como segundo del ex Procurador Barra.
Un escándalo del gobierno entreguista de Milei asociado a los grandes capitales saqueadores vinculados al imperialismo. Es necesario mantenerse en alerta ante cualquier posible intento de entrega de parte de este gobierno que busca profundizar la sumisión a los Estados Unidos.