La Justicia ratificó la condena contra el Estado nacional por no haber controlado debidamente los antecedentes y la aptitud psicofísica de Martín Ríos, el tirador de Belgrano, quien en julio de 2006 efectuó al menos trece disparos en avenida Cabildo y José Hernández y mató a Alfredo Marcenac, e hirió a otras seis personas.
El fallo fue dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y determinó la responsabilidad del Estado por la falta de control en la entrega de permisos de armas.
El dictamen establece que el Registro Nacional de Armas (Renar) incumplió con su deber de verificar los antecedentes y la aptitud psicofísica de Ríos.
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Por esta razón, resolvió que el Estado deberá indemnizar a una de las víctimas con casi 10 millones de pesos, cubriendo daño psicológico, moral y gastos médicos.
El fallo destaca que el Renar “aprobó la tenencia de armas del agresor sin un adecuado control psicofísico, lo que facilitó que accediera a un arma”. Además ratificó la falta de servicio del Estado, al omitir medidas de control que podrían haber evitado o reducido el riesgo del ataque.
Locura en Belgrano. El caso ocurrió el 6 de julio de 2006 en el barrio porteño de Belgrano. Ríos abrió fuego contra transeúntes sin motivo aparente, hiriendo a siete personas, entre ellas Alfredo Marcenac, quien perdió la vida.
Ríos ya registraba otros casos en los que había disparado contra personas, colectivos o trenes, siempre en la zona del barrio Belgrano.
Aunque en ese momento el atacante no había sido declarado legalmente insano, su condición psiquiátrica fue utilizada como argumento para eximirlo de responsabilidad penal.
Sin embargo, la Justicia determinó que el Estado tenía el deber de haber detectado sus problemas psicológicos antes de otorgarle el permiso de tenencia.
La sentencia destaca que, en dos oportunidades, el Renar recibió certificados médicos insuficientes o inapropiados para evaluar la salud mental del atacante. A pesar de ello, se le concedió el permiso sin objeciones.
El caso podría sentar un precedente para futuros reclamos de víctimas de hechos de violencia con armas de fuego adquiridas legalmente.