Una jornada caótica sacudió la Cámara de Diputados durante el debate por los contratos del litio. La sesión se convirtió en un campo de batalla entre gritos, agresiones y denuncias de corrupción. La diputada María José Salazar acusó a colegas de recibir pagos por apoyar el contrato con la empresa china CBC.
El presidente de Diputados, Omar Yujra, desoyó pedidos de postergación y forzó la continuidad del debate. La sesión fue suspendida sin fecha tras una noche de escándalo legislativo.
Los incidentes comenzaron con la presencia del Comité Cívico de Potosí en el hemiciclo. La diputada Lissa Claros protestó airadamente cuando Yujra ordenó desalojar a los cívicos. Desde entonces, la tensión fue escalando con insultos, empujones y lanzamiento de objetos.
Los opositores reclamaban el voto nominal para exponer a quienes, según decían, vendían su conciencia. La directiva optó por voto secreto, lo que avivó las protestas.
La sesión, iniciada el jueves, se prolongó hasta las cinco de la madrugada del viernes. Durante las exposiciones, incluso se lanzó agua y basura al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.
Una acalorada sesión
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La diputada Verónica Aguilera de Creemos tapó con las manos la boca de su colega Salazar. Ambas diputadas protagonizaron una pelea física en plena plenaria. Los gritos, las agresiones y los carteles con mensajes de protesta marcaron la jornada.
El contrato debatido busca autorizar a Yacimientos de Litio Bolivianos a asociarse con CBC Investment Limited. La alianza pretende industrializar el litio del Salar de Uyuni en Potosí.
Sin embargo, sectores potosinos rechazan el acuerdo por falta de consulta. También denuncian que el contrato beneficia a intereses extranjeros. Los “evistas” y opositores coincidieron en pedir su postergación.
El diputado Héctor Arce presentó un supuesto audio donde estaría involucrado el hijo del presidente. Según Arce, el archivo sugiere tráfico de influencias en las negociaciones del litio.
También intentó tomar la testera desobedeciendo restricciones judiciales previas. La directiva de la Cámara analiza acciones legales contra él. Mientras tanto, los ánimos siguen caldeados.
Agresiones y acusaciones de corrupción
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El escándalo incluyó al menos seis agresiones físicas según reportes de prensa. Una diputada fue sorprendida dormida durante la extensa sesión.
Al ministro Gallardo le arrojaron un vaso de agua cuando intentaba justificar el contrato. Personal de seguridad impidió el ingreso de la Defensoría del Pueblo. Esta obstrucción fue denunciada como una violación a la transparencia.
Los opositores lanzaron papeles, banderas y gritaron consignas como “Potosí se respeta”. La testera fue protegida con paraguas y folders ante la lluvia de objetos.
Se pidió el uso del voto nominal para garantizar transparencia. La mayoría fue ignorada y el oficialismo planteó voto por escrutinio secreto. Esa decisión rompió la poca calma que quedaba.
Cobros por aprobar los contratos
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Los “evistas” se sumaron al rechazo y acusaron a Yujra de actuar como brazo del Ejecutivo. La diputada Claros denunció un “cuarto oscuro” para manipular la votación.
Los maletines y supuestas compras de votos generaron sospechas. Aun así, el oficialismo negó cualquier irregularidad. El contrato sigue sin aprobarse.
Los comunarios de Nor Lípez también expresaron su rechazo al convenio. Denuncian la falta de consulta previa y la entrega del litio a potencias extranjeras.
Alegan que sus derechos fueron ignorados por el Gobierno. No se les permitió el ingreso a la sesión, pese a haber solicitado audiencia. La Defensoría respaldó su queja y pidió que se respete su participación.
El presidente Yujra suspendió la sesión sin condenar los incidentes. Afirmó que se retomará el debate cuando existan “condiciones de respeto”. La Asamblea Legislativa queda fracturada entre varias corrientes.
Esta no es la primera vez que la Cámara Baja protagoniza actos bochornosos. Las agresiones y las denuncias de sobornos erosionan la credibilidad del Legislativo.
La población potosina rechaza los contratos
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La diputada Salazar ratificó su denuncia tras la agresión sufrida. Aseguró que hay parlamentarios que “venden su voto por dinero”. Pidió una investigación urgente y la suspensión del contrato con CBC.
La diputada Aguilera no se pronunció sobre el altercado. El conflicto entre ambas refleja la tensión general en el recinto.
El contrato del litio se convirtió en símbolo de la pugna política nacional. La oposición exige transparencia y respeto al reglamento. El oficialismo busca avanzar con el acuerdo pese a las críticas.
Por su parte, la población potosina reclama participación y beneficios reales. La incertidumbre persiste mientras el Congreso se convierte en escenario de disputas personales.
A 44 días de las elecciones, la crisis legislativa se profundiza. El manejo del litio será un tema clave en la campaña. Los sectores críticos advierten con movilizaciones si se impone el contrato.
El escándalo por el contrato del litio revela fallas profundas en la institucionalidad. El Parlamento mostró incapacidad para debatir con altura y respeto. Las denuncias de sobornos exigen respuestas claras y sanciones.