La situación que atraviesa Villa La Angostura, uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia, vuelve a poner en evidencia una preocupante degradación del principio de legalidad y una extendida inacción del Estado frente a los desafíos que plantea la convivencia democrática. No se trata de hechos aislados ni nuevos, sino de una sucesión de decisiones postergadas, de sentencias incumplidas y de promesas diluidas en la ambigüedad de una política alejada del ciudadano y de las normas.
La paralización de la obra de circunvalación de la ruta nacional 40 –licitada hace más de una década, iniciada en 2017 y hoy inconclusa– es una muestra cabal del daño que produce la incapacidad de los gobiernos para hacer valer el Estado de Derecho. Con más del 80% de ejecución completada, la obra permanece detenida por la ocupación de terrenos que fueron oportuna y legalmente expropiados por la entonces Vialidad Nacional. Siete familias, identificadas con la autoproclamada comunidad Paichil Antriau, ocuparon en 2015 un tramo clave del trazado con la expectativa de obtener beneficios territoriales y habitacionales. El resultado es tan inconcebible como alarmante: el desarrollo económico y turístico de la región se encuentra frenado por un conflicto que ni el Estado nacional, ni el provincial ni el municipal han logrado resolver, pese a acuerdos firmados, compromisos asumidos y una abundante jurisprudencia que reconoce la legalidad de afectar propiedades a estos fines.
La situación del camping Correntoso, usurpado desde hace años pese a tres fallos judiciales que ordenan su restitución al municipio, es otro símbolo de la impotencia de las instituciones frente a quienes operan al margen de la ley. Peor aún: en ese predio no solo se ha impedido la recuperación del espacio público, sino que se desarrollan actividades comerciales sin habilitación, bajo el argumento –ya refutado por la Justicia– de presuntos derechos ancestrales.
Lo mismo sucede en Puerto Elma, donde un amarradero náutico y un punto informal de venta de combustibles operan en violación abierta a las normas ambientales, comprometiendo el equilibrio del lago Nahuel Huapi y forzando al cierre de emprendimientos hoteleros históricos como el de La Posada, ícono del desarrollo turístico de la villa.
Los casos se acumulan: el predio de María Cristina Broers, usurpado desde hace 14 años por una comunidad mapuche con órdenes de desalojo –que no se cumplen–, las tomas en el cerro Belvedere, la apropiación de senderos turísticos como el acceso a la cascada del Cacique Inacayal, en los que se cobra un “peaje” informal a los visitantes, son solo algunos ejemplos de un fenómeno extendido que se enfrenta con una explosiva mezcla de temor, desinterés y cálculo político. Pero reducir este problema a una mera disputa territorial sería un error. Lo que está en juego es la integridad del sistema democrático, la vigencia del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en que las normas rigen para todos por igual. La democracia se debilita cuando los fallos judiciales no se ejecutan, cuando se negocia bajo cuerda lo que la Justicia ya ha resuelto o cuando se tolera que mediante la fuerza y la violencia se pretenda incluso atentar contra nuestra soberanía territorial.
La dirigencia política tiene en esto una responsabilidad indelegable, pero no única. También el Poder Judicial debe no demorar las sentencias y hacerse cargo de que no son solo declaraciones jurídicas, sino actos que deben cumplirse. También la sociedad civil debe asumir un papel activo en defensa de la legalidad, sin dejarse atrapar por la resignación o la costumbre del “esto siempre fue así”.
La Patagonia, tierra de belleza imponente y oportunidades inmensas, merece un futuro construido sobre el respeto mutuo y el diálogo genuino, priorizando siempre el cumplimiento de las normas. El pacto de convivencia democrático presupone la vigencia del marco de la ley en toda la extensión de nuestro vasto territorio.