Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que consiguieron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad, ahora buscan ejecutar sus bienes para recuperar casi 685.000 millones de pesos.
Pero sospechan que Báez trató de vender sus bienes para que no caigan en manos de la Justicia, por lo que le reclamaron al tribunal oral a cargo del caso que investigue el patrimonio de la novia del empresario, Claudia Noemí Insaurralde.
Los fiscales pidieron a los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso que tomen “medidas extremas” para proteger los bienes de Báez y “resguardar la efectiva ejecución del decomiso firme ordenado en autos”.
Dijeron que ocurrió una “situación alarmante” en la cárcel de Río Gallegos, que sugiere un intento de Báez de eludir la confiscación de sus bienes, como informó LA NACION en su edición del 29 de junio pasado.
El 24 de junio, Claudia Noemí Insaurralde se presentó en la cárcel de Río Gallegos (Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal) con la intención de visitarlo. Los penitenciarios advirtieron que Insaurralde “portaba cierta documentación referida a bienes de Báez, para que este firmara”.
Al registrar sus pertenencias, se detectó “la presencia de un escrito de poder otorgado por Báez a favor de Insaurralde, acompañado de varios documentos relacionados a propiedades pertenecientes al interno que nos ocupa, que, según sus dichos, necesitaba que el mismo los rubrique”.
Le impidieron el ingreso de los documentos y avisaron al tribunal. El abogado defensor de Báez dijo que no se pretendía desapoderar de los bienes sino que Insaurralde llevaba tan solo dos escritos de “designación de letrados defensores” y una copia de un poder general antiguo.
Sin embargo, para los fiscales, “las explicaciones inverosímiles del abogado defensor de Báez nada aportaron para echar luz sobre la brumosa y grave situación que advirtieron los funcionarios penitenciarios”. L
Los fiscales creen que Insaurralde llevaba un poder y documentos relacionados con propiedades de Báez con la intención de obtener su firma para venderlos.
Claudia Noemí Insaurralde es quien le maneja a Báez el alquiler de sus propiedades desde que se encuentra detenido y desde que se separó de su exmujer, Norma Gladys Calismonte.
Insaurralde tiene poco mas de 40 años, es madre de tres hijos, y vivía humildemente en Villa Vatteone, Florencio Varela.
La mujer milita en el peronismo. En el kirchnerismo trabajó en el Ministerio de Planificación Federal. Conoció a Báez en una de las visitas carcelarias a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio que estaba preso por una de las causas ligadas al yacimiento carbonífero de esa ciudad.
Los fiscales vincularon la visita de Insaurralde con el poder a la “crítica situación judicial que atraviesa el condenado Báez, pues agotados todos los recursos judiciales posibles, deberá responder con su patrimonio para cubrir la orden de decomiso multimillonario establecida por sentencia firme”.
Ante la “grave alarma señalada”, presumieron que Báez “en el pasado, podría haber celebrado otros actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso dispuesta en esta causa”, dijeron.
Por eso es que entienden que “los bienes sujetos a decomiso podrían estar en riesgo” y reclamaron medidas para “evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.
Los fiscales pidieron que se actualicen las medidas cautelares sobre los bienes, y se mantengan anotadas todas las ya decretadas contra todos los condenados.
Solicitaron, asimismo, investigar los bienes de Claudia Insaurralde, enviando oficios a diversos organismos para “reconstruir —y, en su caso, cautelar— todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad”.
Las medidas surgen de la sospecha de que Insaurralde pudo haber operado como “prestanombre o testaferro” de Báez.
Los registros específicos a los que pidieron que se dirijan los oficios incluyen, entre otros, todos los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques, el Registro Especial de Yates y el Registro Nacional de Aeronaves.
A su vez pidieron indagar en los colegios de escribanos de la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias (Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza) para que “circularicen a todos los notarios matriculados” para que informen sobre “todos los posibles actos notariales de contenido patrimonial celebrados desde 2016 hasta la fecha en los cuales se registre la intervención conjunta de Lázaro Antonio Báez y Claudia Noemí Insaurralde”.
Sospechando del poder que emitió Báez en mayo de 2020, entendieron que “se ha extinguido” por la “condena firme que pesa en su contra”.
Dijeron que el fallo implica que mientras dure la condena, ahora unificada en 15 años, no puede administrar los bienes y cesa el derecho de disponer de ellos “por actos entre vivos”.
Por lo tanto, “Claudia Noemí Insaurralde perdió el carácter de apoderada y ya no está habilitada para hacer valer las facultades que le confería ese instrumento, ni para realizar ningún acto jurídico en función de él”.
Por eso, pidieron que los jueces le exijan a la mujer que entregue el poder y “todos aquellos documentos y demás bienes que le correspondan a su exrepresentado Lázaro Antonio Báez” y que “se abstenga de realizar acto alguno en el carácter de apoderada que le confería el poder ya extinguido”.
Además, pidieron extender a todos los condenados las restricciones impuestas a Báez para otorgar actos jurídicos o realizar acciones con efectos legales sobre su patrimonio, incluyendo a Cristina Kirchner y al extitular de Vialidad Nelson Periotti.
Los fiscales subrayaron “la urgencia de estas medidas”, que buscan asegurar que el “avance que se logró en este proceso histórico” no se vea “opacado por un mensaje confuso, consistente en que, aun cuando se logra juzgar y condenar la gran corrupción, las personas condenadas y su familia concretan igualmente su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos que les detrajeron a sus conciudadanos”.