El gobierno nacional intenta recuperar la iniciativa en materia económica a través de un fuerte impulso a procesos de privatización que le devuelvan el protagonismo sobre el escenario. Pero no le está resultando fácil. Al triunfo legislativo de la ley Bases y Puntos de Partida, con el RIGI incluído (régimen de incentivos a grandes inversiones), le siguió el retiro de dos pesos pesados globales de su posición o su proyección sobre la economía argentina: Exxon Mobil y Petronas. Justamente en una de las áreas más mimadas en el esquema de Javier Milei: hidrocarburos. Al relativo éxito de bajar la tasa promedio de inflación, le siguió la confirmación oficial del salto en la pobreza. El presidente necesita crear un nuevo frente de combate en el que aparezca, al menos en apariencia, como exitoso.
A la arremetida de los últimos días contra Aerolíneas, le había precedido el intento de conversión del Banco Nación en sociedad anónima. Pero el juez Alejo Ramos Padilla bloqueó ese propósito fallando en favor del amparo presentado por trabajadores de la entidadcon respaldo de la Asociación Bancaria. La modificación de la situación jurídica de la entidad «sólo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso Nacional», indica la resolución del magistrado.
En el caso de IMPSA, en cambio, hubo novedades en la última semana en favor de su traspaso, con la aprobación del Senado de Mendoza a ese trámite. IMPSA fue rescatada por el Estado argentino y la provincia de Mendoza en 2021 por su importancia estratégica, ante el riesgo de colapsar o caer en poder de una firma extranjera.
IMPSA es una empresa estratégica que se ha diversificado tecnológicamente. Diseña y fabrica reactores para la industria nuclear, turbinas hidroeléctricas, generadores eólicos y puentes grúa de gran porte. También, trabaja en el diseño de tecnología dual civil y militar. Esto no sólo le da diversificación sino que desarrolla el entramado productivo local, con pymes que le proveen mano de obra, servicios y desarrollos tecnológicos para los proyectos en los que participa.
Lo que se intentó evitar con el rescate en 2021, hoy es un objetivo del actual gobierno: su cesión al capital privado extranjero. Una empresa estadounidense, ARC Energy, ya dio los primeros pasos por lograr el control de la empresa, para lo cual presentó una oferta en julio con la intención de quedarse con el total de la empresa. No sólo las participaciones del Estado nacional (63,7%) y del gobierno de Mendoza (21,2%), sino también del 15,1 por ciento en manos de accionistas privados (entre los cuales se encuentra la familia Pescarmona, descendiente de los fundadores de la firma en 1907).
ARC Energy es una empresa con asiento en Houston, que ofrece alquiler, diseño y producción de equipamientos para la industria del petróleo y el gas, como así también gestión de proyectos, equipos de procesos, plataformas de medición, reparaciones y suministros. Entre sus accionistas figuran el fondo buitre Vanguard Group y el JP Morgan.
IMPSA es hoy una pieza fundamental para el encadenamiento de un desarrollo industrial expandido y de alta tecnología. Rol que dejaría de cumplir en manos privadas extranjeras.
No es sorprendente que el gobierno de Milei, de espaldas a ese enfoque, aspire a privatizarla. Tampoco extraña que el gobernador radical Alfredo Cornejo acompañe el propósito. Lo que sí llama la atención es la falta de reacción de sectores opositores ante lo que sin duda es un golpe contundente contra el sueño de la independencia económica y de recuperación del desarrollo nacional y la soberanía energética.
A los casos de Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, IMPSA, se suman otros como Arsat y varios más en el sector energético. Todo ellos con un denominador común: son piezas estratégicas en defensa de la soberanía nacional.
Y en las últimas semanas se sumó un caso que, por ahora, pasa debajo del radar. Es decir, no detectado. Es Casa de Moneda, sociedad del Estado que fue marginada de los últimos llamados a concurso del Banco Central para la impresión de billetes. Estos contratos quedaron en manos de empresas de España, Brasil y China. En este último caso, en favor de una empresa estatal del país cuyo gobierno fue denostado y descalificado enfáticamente por el presidente, Javier Milei.
En un comunicado emitido en los últimos días, la Federación Gráfica Bonaerense denunció «el proceso de vaciamiento al cual está siendo sometido Casa de Moneda Sociedad del Estado» por el accionar del Banco Central, marginándola de los últimos llamados a licitación para la impresión de billetes de 2000,10.000 y 20.000 pesos.
La preocupación de los trabajadores de la Sociedad del Estado, representados por la FGB, fue compartida además por la Gerencia Ejecutiva de la empresa, que por nota dirigida a las autoridades del BCRA le llamó la atención por «la discontinuidad de la relación de tantos años en la fabricación y provisión de billetes», ratificando que Casa de Moneda «dispone de una capacidad de producción de 60.000 millares de billetes por mes» (cada millar es un paquete de mil billetes), lo que le hubiera permitido participar en los últimos llamados de licitación del Banco Central.
Sin embargo, la autoridad monetaria, contrariando lo que establece la Reglamentación de Contrataciones del BCRA, decidió hacer una licitación privada en vez de pública (la primera se hace exclusivamente entre oferentes invitados a participar, la segunda es un concurso abierto) «de la cual participaron exclusivamente empresas de China, España y Brasil, con expresa exclusión de Casa de Moneda S.E.», denuncia el comunicado de la Federación Gráfica.
A diferencia de la línea gerencial, que expresó su preocupación por el hecho, la dirección de Casa de Moneda, encabezada por Daniel Méndez, funcionario de confianza del ministro Luis Caputo, no manifestó la más mínima queja, pese a que la actitud del Banco Central dejó semiparalizada la empresa «y sin cumplir los objetivos básicos y elementales para los que fue creada».
La planta de Casa de Moneda no sólo está dotada de la capacidad técnica para atender las necesidades del ente emisor de moneda, sino que además se presume que podría haber competido con menores precios que la adjudicataria, China Banknote Printing and Minting Corp. (CBPM), cuya contratación además significa una salida de divisas que en el caso de haber contratado a la empresa estatal, sólo se hubiera limitado a los insumos importados que utiliza.
No son condiciones de ventajas económicas las que predominan para este tipo de decisiones. La privatización de empresas estratégicas, muchas veces precedidas de intentos de vaciamiento, como los referidos, implican pérdida de protagonismo estatal en sectores claves que hacen a la soberanía, como la impresión de moneda, pero también dejan al país en situación de debilidad en la carrera tecnológica. Todo ello es lo que está en juego cuando el gobierno avanza sin control en estas definiciones.