martes, 25 junio, 2024
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Los increíbles antecedentes del «almacén» de Alberto Fernández, que facturó $7.400 millones durante su Presidencia

El 23 de julio del 2019 la ANMAT -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología- ordenó retirar del mercado una pasta a la que se le habían encontrado «gorgojos adultos vivos». También aparecían restos de insectos incluidos en la masa. Gobernaba Mauricio Macri y los fideos los había comprado su gobierno. Fue un escándalo.

El producto se llamaba Sua Pasta –paquete de fideos de medio kilo- y era elaborado por Alimentos Fransro SRL ubicado en el parque industrial de Almirante Brown. El producto fue retirado preventivamente del mercado y la firma cayó en desgracia como proveedora del Estado. Sin embargo mantuvo relaciones con la política de la provincia de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Sus gerentes titulares eran los hijos de un empresario conocido en Almirante Brown, Roberto Pellicori.

Seis meses después, se daba de alta otra firma con los mismos protagonistas: Se trataba de Proveeduría Integral MC SRL pero ubicada en Villa Lugano, Capital Federal. Sus gerentes titulares eran Giuliano Carmelo Pellicori y su familiar Luisa Bianca Pellicori.

La Proveeduría ingresó al sitio Comprar tres días antes de que Alberto Fernández fuese elegido candidato a presidente por su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

Un proveedor del Estado que incumplía los requisitos pero ganaba todas las licitaciones de alimentos

Se trataba de dos jóvenes monotributistas de Almirante Brown que estaban por ganar licitaciones millonarias por más de 7.400 millones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández. «Proveeduría Integral MC» SRL según una investigación del programa periodístico La Cornisa, basada en una denuncia previa del Ministerio de Capital Humano, ganó compras a través del Ministerio de Desarrollo Social con severas irregularidades, por ejemplo, en la adquisición de aceites durante el año 2021 en la Presidencia de Alberto Fernández.

La pregunta que se hacen en la Subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano es por qué el gobierno de Alberto Fernández priorizaba una proveeduría, entiéndase un almacén, por una compra directa al fabricante.

La Proveeduría ingresó al sitio Comprar tres días antes de que Alberto Fernández fuese elegido candidato a presidente por su compañera de fórmula, Cristina Kirchner

La Proveeduría ingresó al sitio Comprar tres días antes de que Alberto Fernández fuese elegido candidato a presidente por su compañera de fórmula, Cristina Kirchner

Se adquirieron aceites, productos navideños, fideos, legumbres, cacao, arvejas, entre otros alimentos envasados. No importaron los antecedentes ya que la firma mantuvo sus integrantes pero había cambiado su nombre.

Las compras se realizaban en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Articulación Social con el esquema similar a la compra de los guardapolvos del escándalo. Otra vez estaba involucrado Leo Moyano, funcionario cercano a Tolosa Paz. El programa La Cornisa se dirigió a la dirección legal de la Proveeduría y se encontró con un PH familiar de una señora que desconocía la firma y a sus integrantes. En el segundo domicilio asentado en el sitio oficial Comprar tampoco existía un almacén sino un inmueble cuyo propietario sería uno de los Pellicori.

Sin respuestas

Este periodista pudo conversar con el citado gerente de la firma en cuestión que no supo responder cuántas habían sido las ventas realizadas al Estado nacional, dónde quedaba la sede, quiénes eran sus integrantes y si se trataba de uno de los dueños o un prestanombre: «Me asesoraré con un abogado». Es uno de los denunciados en Comodoro Py por el Ministerio de Capital Humano que amplió la denuncia tras el informe periodístico.

El Gobierno de Alberto Fernández realizó más de 30 compras con la firma en cuestión. La primera de ellas fue la adquisición de aceites por 613.974.600 de pesos.

 Aclaremos. Como tal, Proveeduría Integral MC era una firma, en ese momento, sin experiencia previa conformada por dos monotributistas de menos de 30 años. Pero a nadie le llamó la atención…

Durante el año 2022, «el almacén de Alberto» facturó con el Estado Nacional 2 mil 700 millones de pesos. Las compras se realizaban sin los controles habituales por la emergencia sanitaria.

El ministerio de Capital Humano denunció las millonarias compras de un proveedor del Estado que incumplía los requisitos pero que ganaba todas las licitaciones de alimentos

El ministerio de Capital Humano denunció las millonarias compras de un proveedor del Estado que incumplía los requisitos pero que ganaba todas las licitaciones de alimentos

Para el Gobierno de Javier Milei, esas compras se realizaron a «medida»»

En el año siguiente, último de Alberto Fernández, las compras fueron menos pero con importes escandalosos. Es el caso de «productos navideños» que se licitó en junio del 2023 por 2 mil millones de pesos y se terminaron pagando 3.200 millones de pesos a días de dejar el poder Fernández y Tolosa Paz.

El gobierno asegura que «ESTAS GRAVES IRREGULARIDADES FUERON, ASIMISMO, DETECTADAS POR LA PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS –EN ADELANTE, PIA- EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE N° 96/23; COMUNICANDO FORMALMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA CARTERA DE CAPITAL HUMANO LAS CONCLUSIONES, SUGIRIENDO LA PROMOCIÓN DE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES»

 O sea, en vez de comprar a los productores directos .marcas conocidas o segundas marcas- se adquirían los productos alimenticios en una especie de almacén cuyos dueños tenían antecedentes denunciados por la ANMAT.

Se compraron productos de todo tipo: CACAO, FIDEOS, GARBANZOS, SEMOLA, ARVEJAS, ACEITE, DULCES, DULCE DE MEMBRILLO, CABALLA, GARRAPIÑADAS, AZUCAR, PURE DE TOMATE y FRUTAS SECAS.

El favoritismo fue tan llamativo que hasta el Ministerio de Economía de Sergio Massa, a través de las oficinas de Compre Argentino, sugirió que no era necesaria la compra de productos navideños con «el almacén de Alberto». Pero desde el Ministerio de Desarrollo Social se continuó con el trámite.

 Al igual que con los guardapolvos, la Justicia deberá determinar si los funcionarios responsables estaban al tanto de las anomalías o simplemente se les escapó la tortuga.

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