La reciente modificación del régimen de empleo público en Argentina, implementada a través de la Ley Bases, introduce cambios significativos en diversos aspectos del funcionamiento de la administración pública. Ahora, el Gobierno está cerca de dar a conocer su reglamentación, la cual estará basada en tres ejes: mejoras en el régimen de disponibilidad, examen de ingreso y cambio en el régimen de adscripciones.
Este paso será crucial para clarificar distintos aspectos y proporcionar un panorama completo de sus alcances legales y consecuencias.
Ley Bases y empleo público: qué dice la reglamentación
Mejoras en el régimen de disponibilidad
La modificación del artículo 11 de la Ley 25.164, establecida por el artículo 52 de la Ley Bases, se centra en las condiciones bajo las cuales el personal con estabilidad que sea afectado por medidas de reestructuración será puesto en situación de disponibilidad por un período máximo de doce meses. Las causas de disponibilidad incluyen la supresión de órganos, organismos o funciones asignadas, así como la reducción de personal debido a que la dotación excede la óptima necesaria, conforme al informe del órgano competente.
Durante este período, los agentes deben recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. En caso de no formalizar una nueva relación de trabajo al término del período de disponibilidad, el trabajador será automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional, con derecho a una indemnización. Esta norma también se aplicará supletoriamente al personal con régimen de estabilidad propia, conforme a leyes, estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo.
Respecto de este régimen, el Gobierno, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, evalúa otorgar facilidades a las empresas que tomen personal que está en disponibilidad, indicaron distintas fuentes gubernamentales a iProfesional.
No se tratará de un subsidio, ya que no son fondos adicionales que salen del Tesoro, debido a que el régimen de empleo público ya contempla el pago del salario.
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Se implementaría un esquema para que, durante un período de hasta 12 meses, el trabajador que esté en disponibilidad pueda, por su propia voluntad, derivar los recursos que reciba al pago de su salario en una empresa privada.
Es hasta 12 meses como máximo. Días atrás, en declaraciones radiales, Sturzenegger aclaró: «Cuando se fusionan o se reestructuran organismos, a la gente que está bajo el régimen de disponibilidad se le protege el salario durante ese período y después se le da una indemnización».
Examen de ingreso
El examen de ingreso será objetivo, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, según dijo el Gobierno, para evitar la manipulación política.
Cambio en el régimen de adscripciones
El artículo 54 de la Ley Bases modifica el artículo 15 de la Ley 25.164, regula la asignación de tareas y la movilidad del personal en la administración pública. Establece que los agentes serán destinados a tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y pueden ser asignados temporalmente a tareas de nivel superior, percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal dentro de una dependencia o entre diferentes jurisdicciones es una atribución del empleador, sujeta a la regulación establecida en los convenios colectivos.
Además, el Poder Ejecutivo nacional puede celebrar convenios con otros poderes del Estado, provincias y municipios para posibilitar la movilidad interjurisdiccional de los agentes. La adscripción a otro poder del Estado no podrá exceder los 365 días corridos, salvo excepciones fundadas en requerimientos extraordinarios de servicios.
En cuanto a las adscripciones, el cambio que se reglamentará es el siguiente: hasta ahora, el Gobierno le seguía pagando el salario a un empleado que pasaba a trabajar para una provincia, un municipio o a otro poder del Estado nacional. A partir de esta modificación, para quienes pasen a desempeñarse en otra jurisdicción, el salario quedará a cargo de ese gobierno provincial o municipal.
Sturzenegger quiere eliminar 60 organismos para achicar el Estado
La claridad en la reglamentación será fundamental para abordar cualquier ambigüedad o preocupación que pueda surgir y para garantizar que las reformas se apliquen de manera coherente y equitativa en todo el sector público.
Federico Sturzenegger quiere eliminar 60 organismos: cuáles son
El ministro Sturzenegger está avanzando con una reforma del Estado que incluye la eliminación de 60 organismos.
El funcionario, encargado de redactar el decreto correspondiente, se apoya en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei para eliminar funciones y estructuras jurídicas de estos entes.
El proyecto de Sturzenegger ha estado en desarrollo desde marzo, pero requería de las facultades administrativas que el Congreso otorgó a Milei a finales de junio para poder implementarse. Actualmente, se está trabajando en el respaldo legal necesario para justificar la disolución de cada área involucrada.
Entre los organismos a eliminar se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve).
Estas facultades extraordinarias permiten al Presidente eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente, además de ceder organismos a las provincias que los soliciten.