La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en uno de los expedientes más antiguos y sensibles que aún mantienen consecuencias judiciales en la Argentina y anuló la sentencia que había condenado al Estado Nacional a indemnizar a Ava Martin y a su familia, quienes fueron investigados en los años noventa en el marco de un escándalo vinculada a la secta “Niños de Dios”. El Máximo Tribunal ordenó dictar un nuevo fallo y estableció que la responsabilidad estatal por error judicial exige una demostración rigurosa de arbitrariedad, un estándar que, según sostuvo, no fue correctamente aplicado.
El origen del caso se remonta al 1° de septiembre de 1993, cuando el entonces juez federal Roberto Marquevich ordenó un allanamiento en una vivienda de San Miguel donde vivían Ava Martin, Joel Steven Martin y sus hijos. La medida se dictó en el marco de una investigación que buscaba desarticular una presunta red de pornografía infantil que, según la hipótesis de la instrucción, operaba bajo la fachada de una organización religiosa conocida como “Niños de Dios” o “La Familia”. Ese procedimiento y las decisiones judiciales posteriores marcaron el inicio de un expediente que, increíblemente y más de treinta años después, continúa abierto en su parte civil.
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A partir de esas actuaciones, la familia Martin promovió una demanda contra el Estado Nacional por responsabilidad extracontractual, al considerar que el accionar judicial les había provocado daños indebidos. En instancias anteriores, la Justicia había hecho lugar al reclamo y había condenado al Estado a pagar una indemnización. Sin embargo, la Corte Suprema revisó ese pronunciamiento y concluyó que la sentencia carecía de fundamentos suficientes para atribuir responsabilidad estatal en los términos exigidos por la ley.
En la resolución, el tribunal recordó que el e-rror judicial que habilita una indemnización debe ser “manifiesto y grave”, es decir, una equivocación evidente y contraria al derecho. En este caso, sostuvo que el fallo apelado no examinó con el rigor necesario si las decisiones adoptadas durante la investigación penal cumplían ese estándar. Por esa razón, dejó sin efecto la condena y ordenó que el expediente vuelva al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.
Escándalo nacional por «Los niños de Dios»
El origen del allanamiento realizado en 1993 no es un dato menor. La organización “Niños de Dios”, fundada en Estados Unidos a fines de los años sesenta por David Berg, había expandido su presencia internacional bajo la filosofía del llamado “amor libre”. Con el paso de los años, el grupo –que más tarde adoptó el nombre de “La Familia”– fue objeto de denuncias en distintos países por abuso sexual, explotación infantil y violencia dentro de sus comunidades cerradas.
Investigaciones posteriores y testimonios de exmiembros describieron un sistema de control extremo sobre los niños, incluyendo aislamiento del mundo exterior, castigos físicos y abuso sistemático. En Escocia, por ejemplo, el padre de dos exintegrantes fue condenado por delitos sexuales cometidos durante su pertenencia al grupo. Las víctimas relataron haber sido criadas en comunas donde se utilizaban nombres falsos, se restringía el contacto con el exterior y se ejercía violencia física y psicológica como mecanismo de control.
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Del “amor libre” a recibir denuncias en todo el mundo
La doctrina de la organización combinaba elementos religiosos con la idea de que el sexo era una expresión del amor divino, lo que derivó en prácticas que, con el tiempo, fueron denunciadas como abusivas.
Durante las décadas de 1970 y 1980, el grupo se expandió a más de un centenar de países y llegó a tener miles de miembros viviendo en comunidades cerradas. Los niños eran criados dentro de esas “comunas”, muchas veces aislados del mundo exterior, sin escolarización formal ni contacto regular con instituciones estatales.
Exintegrantes denunciaron que el grupo promovía castigos físicos, control psicológico y, en algunos casos, abusos sexuales. Investigaciones judiciales en distintos países derivaron en allanamientos y procesos penales contra muchos de sus miembros.
LT