Organizaciones como Fopea y Apera calificaron la medida como de «extrema gravedad institucional» y solicitaron su inmediata reversión. El Gobierno justificó la decisión por una investigación judicial en curso.
La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, dispuesta este jueves por el Gobierno nacional, generó un fuerte rechazo de diversas entidades periodísticas, que condenaron la medida y exigieron su eliminación.
Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) señalaron la “gravedad institucional” y la “enorme preocupación” que implica la decisión, adoptada por la administración del presidente Javier Milei.
El Gobierno justificó la restricción por la existencia de una investigación judicial abierta tras un informe periodístico en el que se grabaron instalaciones de la sede gubernamental y por el presunto espionaje ruso con financiamiento a algunos medios.
Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”.
La entidad remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.
Según argumentó el gobierno nacional, la prohibición de ingreso para la totalidad de los periodistas acreditados en la Casa Rosada (se les retiró el registro de sus huellas digitales para el acceso) se implementó porque existe la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa (hecho por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas) y por una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
Fopea sostuvo que “la denuncia presentada [contra los periodistas de TN] por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular” y que “resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas”.
El foro de periodismo destacó que “este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento”.
“El foro insta al gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información”, reclamó Fopea, entidad que preside Fernando Stanich.
El bloqueo total a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno dispuesto por la administración de La Libertad Avanza motivó también el rechazo de Apera, organización periodística que conduce Fernando Ramírez. Expresó “su enorme preocupación porque a los acreditados en la Casa de Gobierno se les impide hoy el ingreso para desarrollar sus tareas profesionales”.
“Exhortamos a las autoridades de la Casa de Gobierno, y en especial al presidente Javier Milei, a que dispongan el cese de la intempestiva y arbitraria medida, que impide a los periodistas ejercer su derecho constitucional a trabajar. En una democracia no se cierra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada”, se subrayó en el comunicado de Apera.
“La Sala de Periodistas ‘Decano Roberto Di Sandro’ debe abrirse en forma urgente”, exigió la asociación.
También hubo un rechazo por la medida por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que denunció “otro impotente y desesperado intento del Gobierno de silenciar a la prensa”. Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público.