El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, alertó sobre una ola de cierres en el sector manufacturero, con una estimación de 1.200 empresas que podrían dejar de operar en los próximos meses. La crisis se agrava por la caída del consumo, los embargos y la falta de financiamiento accesible.
La industria pyme atraviesa un momento crítico, marcado por la caída del consumo, costos elevados y escaso financiamiento. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, advirtió que el sector enfrenta un escenario cada vez más complejo, con un estimado de 1.200 empresas que podrían cerrar sus puertas antes de junio.
“Sigue incrementándose el problema de cierre de empresas, despidos y suspensiones”, afirmó Rosato, quien señaló que la falta de ventas hace inviable sostener las estructuras de costos y las deudas acumuladas. El dirigente explicó que el problema ya no es una alarma aislada, sino un proceso que se acelera con consecuencias concretas: embargos, concursos preventivos y deudas fiscales.
En ese contexto, Rosato planteó la necesidad de una respuesta política y mencionó que presentaron un proyecto de emergencia económica productiva en el Congreso. La iniciativa busca dar sustentabilidad al entramado productivo y preservar el empleo, con la condición de que las empresas que accedan al régimen no realicen despidos sin causa justificada.
El dirigente describió un deterioro extendido en todo el país, incluso en regiones con mayor actividad vinculada a recursos naturales. Mencionó que las únicas provincias con mejor desempeño relativo son Neuquén y San Juan, pero advirtió que en el interior de Neuquén también hay empresas que cierran si no están ligadas a la energía o la minería.
Rosato señaló que provincias industriales como Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja y Tucumán sufren especialmente la crisis. “Parece que todo el día fuera feriado, no hay movimiento en las calles”, afirmó, para describir el freno económico visible en la vida cotidiana.
En su diagnóstico, el problema central es que la economía no repunta, a pesar de que algunos sectores como el agro y la energía muestran buenos resultados. La industria manufacturera acumula ocho meses de caída consecutiva, y sin medidas específicas para este sector, la recuperación sería parcial y dejaría afuera una porción importante del empleo.
Uno de los puntos más sensibles es el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada. Rosato indicó que la industria textil opera al 25% y el calzado atraviesa una situación similar. Estos números anticipan más suspensiones y cierres si la demanda no se recupera o si la competencia importada se profundiza.
El dirigente criticó la política comercial del Gobierno, en particular la baja de aranceles en sectores como el calzado. Advirtió que esa medida “va a profundizar sin ninguna duda más la crisis” en sectores intensivos en mano de obra. Explicó que muchas empresas no pueden reconvertirse fácilmente porque tienen maquinaria costosa y procesos diseñados para un producto específico, lo que podría dejar a 150 o 200 trabajadores en la calle.
Frente a este cuadro, Rosato insistió en que “la única alternativa que tiene hoy la Argentina para resolver el problema de la crisis económica es produciendo, generando mano de obra y haciendo sustentable la industria manufacturera”. El reclamo no es cerrar la economía, sino evitar una apertura que destruya producción antes de que exista un puente de competitividad.
El financiamiento es otra barrera determinante. Rosato comparó las tasas internacionales, que van del 2,5% al 4%, con las argentinas, que se ubican entre el 48% y el 50%. Argumentó que no se puede exigir competitividad a la manufactura si el costo del dinero es varias veces mayor que el internacional. El proyecto de emergencia productiva busca crear condiciones mínimas de supervivencia con beneficios “menores inclusive” a los que existen.