El Poder Ejecutivo celebra fallos judiciales que reavivan investigaciones sobre corrupción kirchnerista, mientras enfrenta tensiones internas y caída de imagen.
Cada novedad en materia judicial que reflota los escándalos de corrupción del kirchnerismo constituye un respiro para un gobierno como el de Javier Milei, acosado por la situación de su jefe de Gabinete, las luchas internas y la persistente caída de su imagen positiva en la opinión pública durante las últimas semanas. El Gobierno festejó recientes decisiones de la Justicia que volvieron a instalar en la agenda pública la perversión que caracterizó las gestiones kirchneristas. La que más impactó fue la confirmación del decomiso de los bienes de la condenada expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia por parte de la Cámara de Casación. Pocos días antes, se conocieron detalles de otra investigación judicial sobre la connivencia entre exfuncionarios del Banco Central y financistas en maniobras para acceder al dólar oficial que habrían incluido el pago de coimas, en tiempos de férreo cepo cambiario en que Alberto Fernández gobernaba el país y Sergio Massa era ministro de Economía. Casi al mismo tiempo, se produjo la ratificación del procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito del exministro Julio De Vido -hoy condenado y preso por la tragedia ferroviaria de Once- y de su esposa. Finalmente, se informó que la Corte Suprema de Justicia intervendrá en el conflicto desatado en el Poder Judicial de Santa Cruz, donde jueces vinculados al kirchnerismo vienen obstaculizando la ampliación del número de miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial dispuesta por una ley sancionada por la Legislatura santacruceña.
La Justicia le deparó al gobierno de Milei otras dos noticias aliviadoras. Por un lado, la Cámara Nacional del Trabajo aceptó un planteo del Poder Ejecutivo y dejó sin efecto la suspensión de 82 artículos de la reciente ley de modernización laboral que había dispuesto el juez Raúl Horacio Ojeda. Por otro, el juez federal Daniel Rafecas cerró la causa contra Manuel Adorni por presunta malversación de fondos públicos ante la inclusión de su esposa en el avión presidencial que trasladó a Milei y otros funcionarios a Nueva York. No puede sorprender que, desde hace mucho tiempo, la ciudadanía muestre desconfianza en el Poder Judicial. Sí llama mucho más la atención que casi ocho de cada diez abogados, encuestados el año último por el Colegio Público de la Abogacía porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, admitan haber sido testigos de casos de mal desempeño entre jueces, incluidos presuntos hechos de corrupción. Tres cuartas partes de quienes ejercen la abogacía consideran, según ese sondeo, que los tiempos del Poder Judicial son lentos o muy lentos, mientras que solo el 4% de ellos los juzgan como ágiles o muy ágiles.
La designación de Mahiques en la cartera de Justicia obedeció a la convicción de Milei y su hermana Karina de que podría resolverles algunos de los problemas judiciales que acosan al Presidente. Pese a esa acertada percepción sobre la lentitud de los procesos judiciales, días atrás un juez santiagueño pareció demostrar lo contrario. Con una velocidad inusitada, cuando acababa de regresar a Santiago del Estero de sus vacaciones en el exterior, el juez Sebastián Argibay no solo desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, sino que dispuso el envío de la causa al juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay, en quien los dirigentes imputados quieren concentrar todas las causas en su contra. La actitud del magistrado santiagueño fue interpretada como una burda maniobra para hacer zafar a Toviggino, con quien lo unirían otros lazos, ya que éste le había adquirido a su hija una finca, escriturada a un valor varias veces inferior al de mercado. Para ese ardid, el juez contó con la ayuda de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, donde la jueza Marina Cossio le dio tiempo al juez santiagueño para emitir la controvertida resolución antes de disponer su apartamiento de la causa. Una curiosidad es que otros dos miembros de esa cámara tienen estrechos vínculos con la AFA: Ricardo San Juan integró el Tribunal de Ética de la asociación presidida por Tapia, en tanto que Fernando Poviña es dirigente del club Atlético Tucumán. Argibay había cobrado notoriedad años atrás, cuando declaró inconstitucional una cláusula de la Constitución provincial de 2005 que le prohibía expresamente un tercer mandato consecutivo al entonces gobernador Gerardo Zamora, una exhibición de subordinación política que fue finalmente frenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo tiene que ver con todo. No hay dudas de que la designación de Mahiques en la cartera de Justicia obedeció a la convicción de Milei y de su hermana Karina de que el nuevo ministro, como conocedor de todos los rincones del Poder Judicial, podría resolverles algunos de los problemas judiciales que acosan al Presidente. Uno de ellos es el escándalo derivado de las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional.