El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que restringe el uso de recursos estatales y locales para iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y políticas climáticas. Las normas establecen sanciones para funcionarios y contratistas que incumplan.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que introduce restricciones al uso de recursos públicos por parte de condados y municipios. La medida se centra en impedir que los fondos estatales o locales se destinen a iniciativas vinculadas con Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y a políticas ambientales relacionadas con emisiones de carbono.
El conjunto normativo está integrado principalmente por las leyes SB 1134 y HB 1217. Ambas disposiciones establecen obligaciones concretas para funcionarios, organismos públicos y contratistas, además de fijar sanciones en caso de incumplimiento. Según la administración estatal, el objetivo es redefinir criterios de gasto y gestión en el ámbito local.
“Los floridanos no deberían verse obligados a financiar agendas climáticas radicales ni políticas identitarias con el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo”, dijo DeSantis en un comunicado. “Firmé dos importantes proyectos de ley para limitar la extralimitación del gobierno e impedir que las autoridades locales impongan impuestos al carbono y mandatos discriminatorios de diversidad, equidad e inclusión”, agregó.
Tras la firma de las leyes, el senador republicano de Florida Clay Yarborough señaló que estos proyectos de ley son necesarios “porque las ciudades y los condados financiaron y promovieron actividades divisorias bajo el pretexto de la DEI”.
La ley SB 1134 establece que las administraciones locales no podrán crear, mantener ni financiar oficinas, cargos o programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión. La norma también impide la contratación de terceros que desarrollen este tipo de iniciativas con dinero público. Además, cualquier normativa previa adoptada por municipios o condados en relación con DEI queda sin efecto. Esto incluye ordenanzas, reglamentos o resoluciones vigentes al momento de la entrada en vigor de la ley.
El texto también introduce un requisito para quienes reciban fondos públicos: deberán certificar que no utilizarán esos recursos para actividades vinculadas a DEI. Esta condición se aplicará a contratos nuevos o renovados a partir de la fecha establecida por la legislación.
La ley define DEI como cualquier acción orientada a influir en la composición laboral o en la asignación de beneficios en función de características como sexo, origen étnico u orientación sexual. También incluye programas de capacitación o políticas que utilicen estos criterios como base. No obstante, se excluyen de esta definición las acciones destinadas a informar sobre leyes contra la discriminación o garantizar igualdad de oportunidades conforme a normativas estatales y federales.
Asimismo, la legislación especifica qué se entiende por oficinas y funcionarios DEI, lo que incluye cualquier estructura administrativa o persona cuya función principal esté vinculada al desarrollo o implementación de estas políticas.
La ley HB 1217 introduce limitaciones en materia ambiental. Prohíbe que organismos estatales y locales implementen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo esquemas de “emisiones netas cero”. También impide la creación de impuestos, tarifas o penalizaciones vinculadas al carbono. Esto incluye cualquier medida que encarezca actividades económicas en función de su impacto ambiental. Además, se bloquea la participación en sistemas de comercio de emisiones y se restringe el uso de fondos públicos para financiar organizaciones que promuevan este tipo de políticas.
Las leyes tienen fechas de entrada en vigor diferentes según su propósito. El gobernador realizó la firma de estas leyes en la ciudad de Jacksonville, Florida, como parte de un esfuerzo estatal por eliminar lo que describe como “agendas climáticas radicales” y “políticas de identidad” financiadas con fondos públicos.