La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pidió este viernes a las autonomías que cumplan la normativa estatal, destacando la baja del 9% en Navarra, y reclamó explicaciones al presidente andaluz sobre el uso de fondos públicos.
Almería, 15 may (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha instado este viernes a las comunidades autónomas a aplicar y «cumplir» la Ley de Vivienda para lograr rebajar los precios del alquiler y ha subrayado que el compromiso del Gobierno central en esta materia es «inquebrantable».
En una atención a los medios en la Universidad de Almería (UAL), Saiz se ha referido a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha mostrado disposición a negociar las medidas que plantea Junts siempre que se acepte un nuevo decreto para frenar «el saqueo» de los especuladores.
Saiz ha defendido que las políticas de vivienda no se circunscriben a «una única medida» y ha puesto como ejemplo la Comunidad Foral de Navarra, donde el cumplimiento de la norma estatal ha permitido que los precios del alquiler bajen «en torno al 9 %». «Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es cumplir», ha enfatizado.
Ha exigido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordando que las autonomías deciden el destino de «cuatro de cada diez euros públicos». «¿Por qué no se ha fortalecido la sanidad pública, el acceso a la vivienda, el acceso a una educación pública? Le pregunto a Moreno Bonilla», ha interpelado.
Saiz, que ha centrado gran parte de su intervención en los jóvenes, ha reivindicado que «el talento no depende del origen» y ha subrayado el compromiso de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de ampliar las plazas públicas universitarias, fundamentalmente en el ámbito sanitario ante la falta de profesionales.
También ha destacado la medida impulsada por el Ejecutivo para que los estudiantes coticen a la Seguridad Social durante sus prácticas formativas, lo que beneficia a «más de dos millones de estudiantes» en el país. Esta iniciativa, ha explicado, les permite «ir generando derechos» desde sus primeros contactos con el mercado laboral y ayuda a «acabar con esa lucha entre generaciones en las que nos quiere instalar el PP».
Ha defendido la universidad pública como un espacio fundamental para fomentar el «pensamiento crítico» y combatir la «ola que quiere llenarnos de desinformación y de bulos», la cual persigue, según ha advertido, que los jóvenes se desafecten de las instituciones.