Conversaciones telefónicas obtenidas por Clarín exponen una red de funcionarios y empresarios que habrían manipulado licitaciones y sobreprecios en la adquisición de aviones oficiales, con la Casa Militar como uno de los ejes del esquema.
Una investigación periodística basada en audios, documentos y videos acumulados durante casi tres años revela un entramado de presunta corrupción en las compras de aeronaves, mantenimiento y repuestos del Estado Nacional. Según la información publicada por Clarín, las conversaciones obtenidas muestran cómo un grupo de funcionarios y empresarios habría coordinado la manipulación de licitaciones y el reparto de sobreprecios.
Uno de los casos destacados es la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea, por el que se pagaron 4 millones de dólares, cuando un modelo similar se comercializaba por 2,3 millones. Además, la aeronave ya había sido pintada por el proveedor antes de que se oficializara la adjudicación.
En los audios, el lobbista aeronáutico Claudio Rubén Cavina, empleado del Ministerio de Justicia, busca sumar a un funcionario del Estado a un esquema que describió como un «sistema» para garantizar contratos a proveedores específicos. Cavina menciona a varias empresas, como Redimec SA, Masuma Internacional SA y Pacific Ocean, como parte del círculo de confianza.
Las conversaciones también hacen referencia a la Casa Militar y a su jefe, el general Sebastián Ignacio Ibañez. Cavina ofrece organizar un encuentro con él para «sincronizar» los intereses y asegurar que «todo fluya». En uno de los diálogos, se menciona un acuerdo por el cual un porcentaje de los contratos quedaría en manos de los involucrados.
La investigación incluye además la mención de múltiples funcionarios y exfuncionarios de diversas áreas vinculadas a la gestión de aeronaves, como la Dirección General de Logística y la Agrupación Aérea Presidencial. Entre los nombres citados están Florencia Gastaldi, Leonardo Barone, Rodrigo Martín, Julián Massolo y Marcelo Bagniole, a quien se señala como un empresario clave en la estructura de negocios fraudulentos.
Según el material recabado, el modus operandi incluía la presentación de presupuestos de empresas amigas para simular competencia, como Fire Eagle Inc y Aviation Logistic Center, ambas vinculadas a Masuma Internacional. En una conversación, Fabián Darío Oyarbide, dueño de Redimec SA, confirma que el jefe de la Casa Militar y otros funcionarios estaban al tanto de un esquema de reparto del 10% de los contratos.
El funcionario que escuchó las conversaciones percibió que sus opciones se reducían a tres: unirse al esquema, mirar hacia otro lado o convertirse en enemigo del grupo. La investigación sugiere que el sistema de premios y castigos operaba de manera paralela a los mecanismos oficiales de control.