Trabajadores de universidades nacionales anunciaron un paro de una semana a partir del 26 de mayo, mientras se aguarda un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento. Además, se evalúan medidas más drásticas para el segundo cuatrimestre.
Luego de la Marcha Federal y a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores de universidades determinaron un nuevo paro que se realizará durante una semana completa a partir del 26 de mayo. Sin embargo, las medidas podrían intensificarse en el segundo cuatrimestre.
La determinación se tomó en un plenario de secretarios gremiales de los trabajadores universitarios nucleados en la CONADU, que planteó que durante esos días el paro estará acompañado «con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales». Además, se anunció el lanzamiento de un frente educativo el 22 de mayo, en el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires.
Tras la medida que finalizará el 31 de mayo, seccionales docentes ya anticiparon iniciativas que propondrán para el segundo cuatrimestre. En el caso de la representación gremial de la UBA, se definió una solicitud de suspender las evaluaciones y un paro por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre. La iniciativa, junto a otras, será elevada para su evaluación en el próximo encuentro de secretarios generales de CONADU, fechado para el viernes 5 de junio.
Los trabajadores docentes —que no tienen una paritaria desde octubre de 2024— sufrieron una retracción del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero de 2026, según la CONADU: un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $305.604. “El ánimo es recontra difícil en este momento. Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar. Tuvimos muchísima paciencia para construir las movilizaciones que permitieron dar lugar a la ley, reafirmarla y rechazar el veto. Toda esa paciencia se agotó”, comentó la semana pasada a Ámbito Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU.
Mientras reclaman por una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que permita la implementación de la Ley de Financiamiento, autoridades de universidades nacionales emitieron un comunicado criticando a autoridades del Ejecutivo y considerando que lo «que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir».
El documento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alude a distintas entrevistas y publicaciones de redes sociales protagonizadas por el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. «Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas», plantea el texto de los rectores, que además aseguran que «no estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del CIN», en referencia a Franco Bartolacci. «Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal», consideran.
En ese marco, apuntaron que «cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática». «Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público», remarcaron.