La Abogacía del Estado argumentó que no se cumplen los requisitos para suspender la medida y que los beneficiarios no podrán votar en las próximas elecciones.
El Gobierno defendió este viernes ante el Tribunal Supremo que no se cumplen los requisitos para suspender la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril. Durante la vista, la Abogacía del Estado afirmó que ninguna de las personas beneficiarias podrá votar en las siguientes elecciones.
La vista judicial respondió a varias peticiones de paralización cautelar del real decreto presentadas por Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
La Abogacía del Estado sostuvo que la suspensión supondría una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y al interés general. También indicó que la regularización tiene como objetivo la integración de personas que ya residen en España y cuentan con arraigo, y señaló que la medida cuenta con el respaldo del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social.
En cuanto a las cifras, la Abogacía del Estado informó que se registraron 549.596 solicitudes y 91.505 comunicaciones de inicio del proceso, y aclaró que la concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que se verifica el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Por su parte, la representación de la Comunidad de Madrid calificó la medida como sin precedentes y estimó que en Madrid podrían regularizarse unas 250.000 personas, lo que podría generar un colapso en la sanidad madrileña. No obstante, el letrado de Madrid aclaró que no buscan perjudicar a los migrantes, sino garantizar el cumplimiento de la legalidad.
En respuesta, el Gobierno criticó que la Comunidad de Madrid se base en estimaciones y fuentes abiertas, sin pruebas concretas de un impacto real e inmediato sobre la sanidad, los servicios sociales o el empleo.
La letrada de APDHE y Coordinadora de Barrios, parte demandada, afirmó que muchas personas ya acceden a prestaciones sanitarias y sociales, especialmente quienes son solicitantes de asilo, por lo que el impacto descrito por Madrid no se ajusta a la realidad.
El letrado de Vox respaldó la suspensión cautelar y señaló que la medida podría alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país. En el plano económico, advirtió sobre un incremento no cuantificado del gasto social para comunidades autónomas y ayuntamientos.
El letrado de Hazte Oír insistió en que el real decreto no tiene garantía jurídica y que no garantiza el control de antecedentes penales. Posteriormente, en declaraciones a medios, expresó su expectativa de una resolución favorable y la posible revocación de la medida.
El letrado de la Asociación Verdad y Justicia argumentó que un real decreto no puede modificar la Ley de Extranjería por la puerta de atrás. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica denunció la no exigencia del certificado de penales, afirmación que la Abogacía del Estado negó, asegurando que el decreto final sí lo exige. También criticó la entrega automática del certificado de vulnerabilidad.
El Ejecutivo central de Pedro Sánchez aprobó en abril la medida, de la que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas en situación irregular, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.