Por 11 votos a favor y tres en contra, los legisladores anularon el veto del gobernador a la ley que suspendía el proceso de reforma. Melella anticipó una presentación judicial.
La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por 11 votos a favor, tres en contra y una ausencia, dejó sin efecto el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley que suspendía el proceso de reforma constitucional. La decisión se tomó en una sesión realizada este viernes.
El gobernador había vetado la normativa aprobada semanas atrás por la Legislatura, que derogaba la ley 1.529 de diciembre de 2023, la cual establecía la necesidad de reformar la Constitución provincial. Melella también vetó la llamada «ley de Goteo» impulsada por el Partido Justicialista. La Legislatura intentó sin éxito anular ese veto, por lo que el proyecto volvió a comisión.
Un día antes de la sesión legislativa, Melella convocó a elecciones de 15 convencionales constituyentes para el 9 de agosto, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso de reforma.
Tras la sesión, el gobernador publicó en sus redes sociales: «Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial». Agregó que sectores «no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego» y afirmó que «nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado y a esos privilegios».
En otro mensaje, calificó la decisión de los legisladores como «una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de nuestra provincia» y sostuvo que «intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina». Finalmente, anticipó que «la demanda deberá ser presentada ante la Justicia».
El senador nacional Agustín Coto (La Libertad Avanza) celebró la decisión legislativa en sus redes sociales. Publicó un texto titulado «Contumaces» donde afirmó que «nuevamente primó la cordura». «Las constituciones no se reforman por conveniencia política ni por especulación electoral», declaró. Además, mencionó problemas como la falta de inversión energética, escuelas sin clases, deterioro de la salud, problemas de infraestructura y ausencia de una administración eficiente de los recursos públicos. Consideró que la prioridad del Gobierno provincial «debería estar puesta en resolver esos problemas» y no en «impulsar debates políticos alejados de las verdaderas preocupaciones de la sociedad».
La reforma constitucional fue aprobada a fines de 2023, antes del cambio de composición de la Legislatura, y contemplaba la modificación de 70 de los 211 artículos de la Carta Magna local. En julio de 2024, Melella convocó a elecciones convencionales para noviembre, pero la Justicia frenó el proyecto en agosto. Casi un año después, y tras un allanamiento a la Casa de Gobierno, el mandatario obtuvo luz verde para reencausar el proceso. Sin embargo, la ruptura con los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, complicó el panorama. Luego de las elecciones legislativas, que ganó La Libertad Avanza, también rompió con el oficialismo Walter Vuoto, intendente de Ushuaia y titular del PJ provincial. La oposición sostiene que Melella busca un atajo para competir por un tercer mandato y que el proceso tendría un costo de 8.000 millones de pesos.