Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias emitieron un comunicado en el que denuncian una campaña de presión mediática y política sobre los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, a días de que se dicte el veredicto por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
A pocos días de que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dicte el veredicto en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, en el que fallecieron 44 tripulantes, las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias difundieron un comunicado en el que denunciaron una «presión mediática y política» sobre los jueces encargados de resolver el caso.
El proceso judicial entró en su recta final: los alegatos concluyeron y la lectura de las últimas palabras de los acusados está programada para el 8 de julio. Inmediatamente después, el Tribunal debería dar a conocer el veredicto sobre los cuatro altos mandos de la Armada imputados: Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.
Según las representantes de familiares de las víctimas, distintos medios nacionales vienen publicando en los últimos días artículos que reproducen los argumentos de las defensas. «No es casualidad. Es presión. Y la denunciamos», afirmaron. Las letradas sostuvieron que existe una estrategia para instalar que «no se sabe qué pasó» con el submarino y que, en consecuencia, no debería haber condenas, una postura que rechazaron al remarcar que «eso es falso».
En esa línea, recordaron que la prueba reunida durante la investigación ya fue analizada en distintas instancias judiciales y administrativas. Señalaron que en enero de 2020 el procesamiento de los acusados fue dictado con ese material probatorio, que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esa decisión en noviembre del mismo año y que el Consejo de Guerra de la Armada Argentina consideró que existían elementos suficientes para destituir a oficiales superiores. «No hace falta una prueba nueva. Hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión», sostuvieron.
Carreras y Arias también cuestionaron la estrategia defensiva desplegada a lo largo del proceso. Según indicaron, en los más de ocho años transcurridos desde la tragedia las explicaciones fueron cambiando: desde una supuesta apertura accidental de una válvula, pasando por atribuir responsabilidades a la tripulación y al comandante fallecido, hasta comparaciones con figuras de la mitología griega. «Todo, menos hacerse cargo de sus actos y de sus omisiones», afirmaron.
En otro tramo del comunicado, denunciaron que sobre los integrantes del Tribunal se ejerce presión «valiéndose del poder institucional que aún detentan los acusados». En contraposición, destacaron que representan a suboficiales y familiares de las víctimas «sin padrinos políticos, sin fortuna», muchos de ellos residentes en distintas provincias, que desde hace más de ocho años reclaman justicia.
Finalmente, las abogadas aclararon que el proceso no apunta contra la institución naval, sino a determinar las responsabilidades por la muerte de los tripulantes: «Este juicio no es contra la Armada Argentina. Es por 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores».
El comunicado concluye con un mensaje dirigido a los acusados y a la sociedad: «No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados».