La conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que señala al vicepresidente Marcos Pereda como «partícipe necesario y responsable» del fallido proyecto de modernización de sus sistemas informáticos, que derivó en pérdidas millonarias.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) difundió un nuevo comunicado en el que endureció las acusaciones contra su vicepresidente, Marcos Pereda, a quien responsabiliza por el fallido proyecto de modernización de sus sistemas informáticos. La entidad sostiene que Pereda fue un “partícipe necesario y responsable” del proceso que culminó con un software que nunca funcionó según lo previsto.
Según la SRA, las auditorías y los registros internos permitieron constatar “numerosas deficiencias atribuibles al proveedor del software”, entre ellas errores de funcionamiento, incumplimientos de los desarrollos comprometidos y reiteradas demoras respecto de los plazos originalmente pactados.
El comunicado señala que “durante todo este proceso también ha quedado expuesta la activa participación de diversas personas en la toma de decisiones vinculadas con la contratación, supervisión y control del proyecto, quienes respondían y contaban con el respaldo de quien aún se desempeña como vicepresidente de nuestra entidad”.
En ese marco, la conducción rechazó los cuestionamientos formulados por Pereda y afirmó que “resultan absolutamente falsas las manifestaciones formuladas por Marcos Pereda Born, quien ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función”.
Como respaldo de su posición, la SRA difundió una cronología detallada del proyecto. Allí sostiene que el plan de modernización fue lanzado en diciembre de 2021 bajo el liderazgo de Pereda y de su asesor Gustavo Papini, quien encabezó el denominado Plan Estratégico. El equipo impulsado por Pereda promovió la contratación de la empresa Mobile Computing S.A. (actualmente Grid Dynamics Holdings Inc.), cuyo contrato fue firmado en junio de 2023 con un plazo de ejecución de nueve meses.
El comunicado agrega que el estudio jurídico externo de la institución había formulado observaciones al contrato que finalmente “no fueron consideradas al momento de la firma” y que, posteriormente, también quedaron sin formalizar modificaciones contractuales vinculadas con la actualización de los valores del proyecto. La SRA también remarcó que Gustavo Papini, quien tuvo un rol central en el desarrollo del sistema, dejó posteriormente la institución para incorporarse como director a Grupo Bermejo, empresa vinculada a Pereda, una situación que calificó como “cuanto menos, llamativa”.
Según la reconstrucción oficial, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 el proveedor informaba un avance del 94% del desarrollo, pero cuando el sistema finalmente comenzó a utilizarse en septiembre de 2025 aparecieron errores, desarrollos inconclusos y limitaciones que impidieron su funcionamiento normal. Frente a ese escenario, en enero de este año la entidad contrató una auditoría externa integral para determinar responsabilidades. La SRA sostuvo que, al iniciarse ese proceso, los responsables técnicos del proyecto renunciaron y la empresa proveedora se negó a someterse a la auditoría.
El comunicado concluye con una advertencia: “todas las irregularidades e incumplimientos detectados que pudieran resultar constitutivos de conductas ilícitas se encuentran actualmente bajo análisis de los asesores legales de la entidad”, con el objetivo de impulsar “todas las acciones que resulten pertinentes” para resguardar los intereses de la institución y de sus socios.