La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes una ley que actualiza la normativa de extradición vigente desde el año 2000, con el objetivo de reducir los plazos procesales y fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes, con 139 votos a favor de 140 asambleístas presentes, una ley que modifica la normativa sobre extradición vigente desde el año 2000. La iniciativa busca agilizar los procesos de extradición y enfrentar el crimen organizado transnacional.
La legisladora oficialista Rosa Torres, ponente del proyecto, declaró: “Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días. Y se crea una unidad técnica especializada para que analice cada proceso y así poder dotar de mayor celeridad”. Torres indicó que la ley vigente no contemplaba responsabilidades ni plazos definidos, lo que extendía los trámites hasta seis años.
El documento fue remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá sancionarlo u objetarlo. Según oficialistas, el objetivo de la reforma es convertir la extradición en una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado mediante la cooperación internacional. Durante el debate, Torres recordó que en 2024 los ecuatorianos aprobaron en referéndum la eliminación de la prohibición constitucional de extraditar a nacionales requeridos por la justicia de otros países.
La modificación legal facilitó la extradición en 2023 de José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), ex líder de Los Choneros, a Estados Unidos. “Hoy estamos estableciendo reglas claras para que tengamos más casos como el de Fito, que sean la mayor cantidad de cabecillas criminales que están teniendo en zozobra a muchas provincias y a muchos sectores del país”, afirmó la legisladora.
Tras ese caso, Ecuador extraditó a otros líderes de Los Choneros requeridos por la justicia estadounidense. El texto legal incorpora definiciones técnicas sobre los procesos de extradición activa y pasiva, delimita los roles de la justicia y de la diplomacia, y restringe la discrecionalidad en las actuaciones. Además, establece que no se concederá la extradición en delitos de carácter político, entre otros motivos.
La aprobación de la Legislatura nacional ocurrió luego de que Galo Javier S. R., alias Gato Negro o Wichi, identificado como el número dos de la banda criminal Los Tiguerones, fuera extraditado a Ecuador y trasladado el sábado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
La detención se realizó en Barranquilla, Colombia, mediante una operación conjunta entre agentes investigadores ecuatorianos, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU) de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia.
Gato Negro, condenado en Ecuador a 26 años de prisión por un asesinato cometido en 2017, llegó a las 23:44 del viernes (hora local) a la zona aeropolicial de Guayaquil, bajo resguardo policial tras su extradición desde Colombia. La Policía detalló que el traslado se efectuó sin contratiempos.
El ministro del Interior publicó en redes sociales una fotografía del ingreso de alias Gato Negro en la cárcel de máxima seguridad, vestido con el uniforme anaranjado de los reclusos y custodiado por agentes armados. “Gato Negro ya en El Encuentro. Cero impunidad”, escribió Reimberg.
El ministro explicó que, tras ser incluido en la lista de más buscados, Wichi huyó a Colombia, donde habría recibido apoyo de cabecillas de estructuras criminales y obtenido documentación colombiana para establecer una nueva identidad.
(Con información de EFE)